El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado al Estado español de "populismo anticonstitucional". Pero más le cuadra a él y a los agitadores de la imposible causa secesionista el calificativo de "gamberrismo anticonstitucional". Por si había dudas, los de Podemos se incorporan a la causa por el atajo llamado "derecho a decidir".
Como españoles y como demócratas deberíamos sentirnos avergonzados de que Pablo Manuel Iglesias, líder de un partido de implantación nacional, haya declarado sin previa medicación que, "como español y como demócrata", se siente avergonzado de que la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, comparezca ante un juez por permitir una votación sobre supuestos políticos incluidos en el llamado "proceso constituyente" y declarados ilegales por el Tribunal Constitucional.
El fogonazo verbal de Iglesias desborda el paso de Forcadell por el TSJC como investigada por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, con abundante arropamiento escénico. Esas declaraciones consolidan la sospecha de que la "vía Podemos" empieza a ser transitada por los caudillos del independentismo. De momento garantizan el éxito de crítica y público de la cumbre secesionista del 23 de diciembre. Se trata de centrarse más en el derecho a decidir y menos en la independencia, sumando así a la gente de Podemos, que en Cataluña vienen a ser seguidores de la alcaldesa Ada Colau.
También es una forma de torear al TC, que acaba de suspender cautelarmente (durantes cinco meses, como mucho, antes de ratificar o rectificar la suspensión) las resoluciones del Parlament que encargan al Govern la convocatoria de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña en septiembre de 2017 y, seis meses después, unas elecciones "constituyentes".
Se trata de jugar a referéndum legal pactado con Madrid, según resolución apoyada por Podemos y no paralizada por el TC. En ella se aboga por "un referéndum con las máximas garantías de inclusión" y con efectos políticos y jurídicos reales. Una moción con el mismo contenido, a iniciativa de Francesc Homs, fue rechazada el jueves pasado en el Congreso.
Es una de las últimas bazas del soberanismo, cuyo margen de maniobra para lograr sus objetivos se va estrechando cada vez más. Y si eso tampoco funciona -consulta legal al amparo del artículo 92 de la Constitución-, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se enfrentará a un dilema maldito: Ir al choque de trenes, ignorando los llamamientos de Rajoy a dejar la estrategia del "desafío permanente". O adelantar las elecciones para que los catalanes vuelvan a repartir cartas mientras se preguntan si les importa más saber si Cataluña va a ser o no independiente o si los servicios públicos, como la sanidad o la educación, van a seguir funcionando como hasta ahora.
