Del 0,25 y otros cuentos

Del 0,25 y otros cuentos

Constitución española. Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”

Cinco años después, el Gobierno empieza a tener oposición. La respuesta a su política antisocial y de desigualdad que ha sido incapaz de darle en el Congreso una izquierda aturullada y dispersa, la está recibiendo en la calle de aquellos que ya no aceptan que si el país crece al 3% anual sus ingresos deban hacerlo al 0,25. Los pensionistas, cuyos raquíticos ingresos han constituido un irreemplazable colchón de solidaridad familiar y social frente a una gestión canalla de la crisis, han dicho basta. Y si el Gobierno cree que puede conservar su favor electoral sólo con reformular sus cuentos de hadas no tardará en comprobar su error. 

El Gobierno, sin oposición efectiva, ha vendido durante años el cuento del 0,25 y otros cuentos supuestamente relacionados con la sostenibilidad del sistema de pensiones, que en realidad enmascaran una firme apuesta política neoliberal para reducir a mínimos aquellos sistemas públicos de reparto y solidaridad donde el neoliberalismo vislumbra nichos de negocio privado. Y ha caído en la tentación inaceptable de congelar derechos sin explorar siquiera los mecanismos para financiarlos. 

España dedica el 10% del PIB a pagar pensiones, frente al 14% de media en Europa; cuatro puntos que aportarían más de 40 mil millones, el doble del déficit anual acumulado. Recuperar todo el dinero público del rescate bancario -siguiendo el ejemplo de países de tan poca tradición “bolchevique” como EE.UU.- aportaría también un buen pellizco. Y acabar con episodios chuscos de capitalismo de amiguetes en los que grandes promotoras cargan al Estado las pérdidas de explotación de autopistas con cuya construcción se forraron. O eliminar los máximos de cotización a la Seguridad Social e introducir mecanismos de cotización por la producción efectiva y no solo por la derivada del trabajo personal. O aumentar la recaudación sin subir los impuestos, suprimiendo los múltiples mecanismos de elusión fiscal -generalmente sólo al alcance de las grandes corporaciones- para que el pago efectivo del impuesto de sociedades se aproxime el tipo nominal. O liquidar administraciones duplicadas y chiringuitos pseudo-administrativos.

Pero, sobre todo, cumplir la Constitución. El derecho a las pensiones públicas del Artículo 50 está en relación con el “el derecho al trabajo” y a “una remuneración suficiente” del Artículo 35, que la reforma laboral de contratos basura y sueldos infames se pasa por el forro con grave quebranto de la recaudación.

De manera que mientras los pensionistas claman en la calle contra el cuento del 0´25 que suma a sus ingresos la friolera de un eurazo al mes, no sé qué me produce más vergüenza: La desfachatez del presidente Rajoy declarando que en el país del rescate a bancos y promotoras de autopistas no hay un duro, el juego de fiscalidad trilera de Montoro para volver a tangar a los viejos, o la desvergüenza del gobernador del Banco de España con sueldo millonario alegando que un abuelo bien puede apañarse con 600 euros si tiene vivienda propia adquirida en una vida de ahorro. 

(PD: Me abstengo de calificar las propuestas de Celia Villalobos, pues entran más en el campo de la psiquiatría que de la política).