El síndrome de la moqueta

El síndrome de la moqueta

“Constitución española. Artículo 128.1:  Toda la riqueza del país en sus distintas formas  y sea cual fuere su titularidad  está subordinada al interés general”

La fibra mullida de la moqueta oficial debe provocar algún síndrome extraño que sofoca el ruido exterior, atora las entendederas políticas y achatarra la sensibilidad social de los gobernantes. De lo contrario, mientras millones de pensionistas desafían en las calles un tiempo de perros para capear el temporal de su incierta supervivencia, ni el rey se iría a esquiar como un señorito desocupado, ni Rajoy seguiría varado en su autocomplaciente relato de un presidente en el país de las maravillas. El rey es, después de todo -y salvo intervenciones manifiestamente prescindibles como su admonición al separatismo catalán haciendo el trabajo al que estaba obligado el gobierno- una figura más o menos decorativa. Pero el presidente no puede desoír los problemas de diez millones de ciudadanos, cebados en gran medida por su gestión política. Al menos, si no quiere -aunque ya pudiera ser tarde para él- que la rebelión de la calle le recete la única medicina útil para curar las manías de los políticos empecinados: perder las elecciones. 

Las ingentes dosis de propaganda de Rajoy sobre la recuperación económica, que atribuye a sus exclusivos méritos, dejan al presidente sin margen para explicar razonablemente por qué cuando el país crece al 3% las pensiones solo los hacen al 0,25, y mucho menos para justificar donde o a quien va ese diferencial. Insistir en la “herencia recibida” para frenar toda legítima aspiración a recuperar parte de lo perdido, es un insulto a la inteligencia salvo que Rajoy confiese a continuación su incompetencia, pues en seis años hasta el más torpe de los gobiernos habría superado la peor de las herencias.

Es difícil entender que cuando España era un país pobre con 10 mil dólares de renta per-cápita pudiera financiar las pensiones y no pueda hacerlo cuando es un país rico que multiplica por tres aquella renta. De manera que los quebrantos del sistema público de pensiones sólo pueden deberse a una monumental incompetencia política o a un creciente desequilibrio de los sistemas de reparto impulsado por un modelo socio-económico perverso.     

Lo cierto es que las cuentas oficiales revelan que un escaso 10% de ciudadanos controlan el 55% de la riqueza en España, que el otro 90% -trabajadores, clases medias, pensionistas- solo disponen del 45% restante, y que esta brecha aumenta sin parar con el PP en el poder. No hay propaganda, pues, que pueda encubrir el modelo ultra-liberal fuertemente ideologizado aplicado por el gobierno conservador a suturar la crisis, poniendo en almoneda los sistemas públicos de cohesión social como las pensiones, provocando un inaceptable crecimiento de la desigualdad, y vulnerando la Constitución, que el presidente del gobierno debe considerar sólo aplicable al secesionismo catalán.

El Artículo 128.1, que subordina “toda la riqueza del país” al “interés general”, muestra la vía constitucional a la salvaguarda de las pensiones, como pieza esencial del principal interés general que puede tener un país: el bienestar de sus ciudadanos.