Lo peor de una Justicia que “emana del pueblo”, es que el pueblo no alcance a entender el vaivén de sus actuaciones. Lo peor de la política, es que su incapacidad para ofrecer soluciones termine convirtiéndola en el problema. Lo peor de que los problemas políticos y los vaivenes judiciales se entremezclen, ya sea por interés espurio o por grosero desconocimiento del papel que a cada instancia adjudica la sociedad democrática, es el desistimiento ciudadano y el más que inquietante descrédito del sistema, en favor de charlatanes, telepredicadores y especímenes mucho más peligrosos.
Como explicaba ayer el editorial de La Región, Ourense lleva “diez años en el fango”, el tiempo aproximado desde que la incalificable actuación de la jueza Pilar de Lara en el malhadado caso Pokémon azuzó los bajos instintos de algunos políticos para derribar al Gobierno Municipal del PSOE y el BNG por medio de los jueces. Aquello no habría tenido mayor trascendencia si el flagrante abuso de querellas penales contaminadas por intereses políticos y particulares, no hubiera recibido acogida e interminable trámite por determinados jueces y fiscales locales. Imbuidos, al parecer, de la misión –que ni la ley ni la Constitución les otorga–de “salvar al pueblo de la deleznable clase política” que entonces gobernaba en Ourense, desencadenaron un delirante lawfare provinciano y cateto que saturó la política municipal de causas e imputaciones al ritmo de las denuncias presentadas por los que ¿gobiernan? ahora.
Es lógico, por tanto, el desconcierto ante el auto judicial que acaba de archivar las denuncias por los supuestos delitos e irregularidades que rompieron, hace tres meses, el ¿Gobierno? Municipal “letal” inventado por el PP.
Es muy posible, como establece el auto, que sospechas sin más pruebas que el enfrentamiento personal, “díxome/díxomes” extraídos de conspiraciones de chiste y cantamañanadas alimentadas por el sainete, no constituyan la base mínima para abrir algo tan grave como un procedimiento penal. Lo que estremece es la contradicción, porque ese tipo desospechas de chiste, de “ruxe-ruxes” y cantamañanadas, inspiradas, además, por el mismo eminente jurisconsulto –antes como comedor de la mano del alcalde Jácome y ahora como su Brutus rabudo– fueron las que otros jueces tramitaron durante años, enmediáticos y profusamente propalados procesos penales que terminaron todos en archivo o en clamorosa absolución… cuando el mal era ya irreversible.
Excuso insistir más en este auto, y recomiendo le atenta lectura del editorial de La Región (laregion.es), que abunda en sus claves. En todo caso, ni compete ni está ahora –como nunca debió estar en el pasado– en manos de la Justicia la restitución de la cordura política y de la dignidad institucional al Concello. Esa es competencia exclusiva de la política. Y concretamente del Partido Popular y del PSOE, únicos que suman para articular la solución, y que siguen encastillados en posiciones ridículamente inflexibles e inamovibles, cuando tienen necesariamente que moverse pues ni por sí solos ni con otros minoritarios alcanzan la mayoría necesaria para sacar a Ourense del atolladero.
Justificar en una denuncia la ruptura del Gobierno Municipal que tan irresponsablemente constituyeron y fiar la salida a una resolución judicial, demuestran hasta que punto la frivolidad y la insensatez trufan la política del Partido Popular. Alegar que por haber ganado las elecciones en minoría tienes derecho a gobernar tirando de argumentario para descalificar a quien tiene que prestarte los votos que te faltan, revela la puerilidad en la que se ha instalado el PSOE. Cruzarse vetos mutuos sin avanzar un milímetro hacia la solución, deja al descubierto la incapacidad que hace prescindibles a los líderes ourensanos de PSOE y PP, y la irresponsabilidad de las instancias superiores de ambos partidos que, tres meses después, siguen consintiendo este despropósito político en la tercera ciudad de Galicia.
