Lo mejor del pacto entre el PSOE y Ciudadanos es el hecho mismo de que dos partidos distintos -e incluso antagónicos en muchos postulados programáticos- hayan sido capaces de firmarlo en un país cuya política vive encallada en maximalismos refractarios a cualquier transacción razonable. Por lo demás, es un pacto claramente insuficiente no sólo por la imposibilidad aritmética de sus firmantes para ganar la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, sino también por los objetivos que se plantea, más bien modestos para ser considerado como un programa de gobierno.
La agenda social, laboral y económica es manifiestamente mejorable. Los 7 mil millones que el Partido Socialista pretendía destinar a una renta básica de emergencia, por ejemplo, se reparten ahora entre esta y los complementos salariales de C's que abren otro inquietante hueco a políticas empresariales de sueldos bajos “a completar” por el estado. Pero además, aunque hay una mejora sustancial y más realista de los autónomos, se minora hasta casi la nada la derogación de la reforma laboral del PP; el cambio de modelo económico susceptible de ensanchar las posibilidades de empleo parece volátil; las propuestas sobre modelo energético se revelan tímidas, aunque algo más decididas respecto de la protección medioambiental, costas y suelo; se mantiene sin dudas la prioridad constitucional del pago de la deuda del articulo 135 frente a un inconcreto blindaje de derechos como la sanidad o la educación, y no se toca la fiscalidad salvo para reducir, al fin, el IVA cultural, introducir un indefinido impuesto a “grandes fortunas” o manifestar casi como un desiderátum que el pago efectivo del impuesto de sociedades se aproxime el tipo nominal.
Es decepcionante que la necesaria derogación de la Ley Mordaza quede reducida a la supresión de sus aspectos más conflictivos, o que la cascada de reformas constitucionales urgentes se limiten a reducir el número de senadores o de vocales del Consejo del Poder Judicial, y a suprimir las diputaciones que debiendo, en efecto, ser suprimidas, sólo serían “sustituidas” por un consejo de alcaldes con idénticas competencias y medios.
En cambio es muy positivo dar carpetazo a la desdichada Ley Wert, el pacto por la educación, y medidas de regeneración política como suprimir los aforamientos, aunque no entiendo por qué limitar la medida a políticos y no ampliarla a todos los poderes del estado, incluida la judicatura; y aunque parece muy del gusto de tertulianos y polemistas no veo cómo se puede reducir a ocho años el mandato de un presidente del gobierno cuya permanencia no tiene más plazo que aquel que le da la confianza del Congreso.
Pero el gran fiasco del pacto es el inmovilismo sobre Catalunya. Ningún pacto político o de gobierno en este país puede ignorar a estas alturas que Catalunya representa el primer problema político e institucional de España, y su solución no vendrá de otro gobierno paralizado como el de los últimos cuatro años.
Es cierto que el pozo en que nos ha sumido la crisis y la gestión encanallada que se ha hecho de la misma han oscurecido tanto nuestras expectativas que cualquier luz, por tímida que sea, puede llegar a deslumbrarnos. De manera que la enmienda a la totalidad de las políticas sociales y económicas de los últimos cuatro años que contiene el documento acordado entre un socialismo posibilista y una derecha más europea y moderna es un avance incuestionable, si consideramos que desde el fondo del pozo sólo cabe ir mejorando. Pero si consideramos que hay que hacer un cambio político efectivo en España, el pacto, siendo útil, es insuficiente si no se amplía por la izquierda para aumentar la pluralidad y transversalidad de las propuestas y su base social, política y parlamentaria. Me gustaría pensar que todavía es posible. Después de todo, llegar objetivos comunes desde posiciones plurales, diversas y hasta contradictorias, no debería ser otra cosa entre políticos responsables que el pacto honrado consigo mismos para renunciar al cien por cien de su utopía por alcanzar el setenta por ciento de lo posible.
