Opinión

Planeamiento y especulación

Cuando Ourense lleva años enredada en el embrollo que supuso la anulación del Plan de Urbanismo del 2003, y cuando previsiblemente el Tribunal Constitucional declare en breve inconstitucional la Ordenación Provisional aprobada por la Xunta, dejando a la ciudad sin ese mínimo –y extravagante- soporte planeatorio, resulta llamativo que sigamos sin fecha para la aprobación provisional y definitiva del nuevo PXOM.

Agilizar los trámites debería ser una prioridad política y no suponer mayor obstáculo de gestión para el nuevo gobierno municipal, teniendo en cuenta que las mayores demoras suelen deberse a los informes sectoriales y ahora estos dependen de administraciones “amigas” al estar gobernadas por el mismo partido que gobierna en el Concello.

Pero me temo que esa no es la cuestión principal. El gobierno municipal conservador recibió del anterior un documento aprobado inicialmente por unanimidad y con las alegaciones contestadas. Pero sus movimientos, alegatos de “seguridad jurídica”, informes “ad hoc”, encuentros o reuniones supuestamente encaminados a conocer la opinión del grupos y colectivos que tuvieron su oportunidad de expresarla durante el periodo de exposición pública, han terminado revelando, al fin, su verdadero objetivo: forzar hasta donde sea posible el cupo de viviendas y derechos edificatorios en polígonos privados, ampliar al máximo la posibilidad de construir en el rural –con lo que supone de costes futuros en infraestructuras y servicios y dificultades en la gestión eficiente del territorio-, y cambiar los sistemas de gestión de cooperación (público) a compensación (privado) restando al Concello su legítima preponderancia en desarrollo de la ciudad.

Esto no pasa sólo en Ourense. En realidad, las tensiones del planeamiento urbano son muy similares en todas partes. Planeamiento y especulación van de la mano. No puede ser de otro modo cuando el simple acto administrativo de reclasificar un suelo privado de rústico a urbanizable multiplica su valor.

Por eso la solución sólo puede venir de un cambio político y legislativo radical: todo suelo que deba de ser clasificado para el desarrollo de una ciudad o un territorio debería convertirse automáticamente en suelo público, obteniéndose mediante un precio fijo y único, no susceptible de ser recurrido en los tribunales.

La “nacionalización” del suelo quizás pueda parecer una extravagancia en una cultura urbanística dominada por los intereses privados, pero está plenamente recogida en el Artículo 47 de la Constitución que ordena la participación de la comunidad “en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” y a los poderes públicos regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

En la cuestión del planeamiento urbano no veo mayor interés público que el desarrollo ordenado de la ciudad.
 

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