Opinión

¡Anarquía, caos y Unidas Podemos!

"Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol...".

Este es el mensaje en redes sociales de Pablo Echenique, diputado y portavoz en el Congreso de la formación política Unidas Podemos, que actualmente gobierna este país conjuntamente con el PSOE. ¿Resultado?: varios policías heridos, contenedores ardiendo, comercios destrozados y saqueados, lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes contra las fuerzas del orden, mobiliario urbano deshecho, vehículos particulares quemados... Y mi pregunta es, ¿quiénes incendian las calles?

Mientras esto acontece con un Gobierno bipartito crecido ante unos partidos de la oposición -PP y Ciudadanos, desmoralizados y desnortados, ante las encuestas de ámbito nacional del día después de las elecciones catalanas, que les dan aún más pérdidas de votos y escaños a nivel estatal-, pues la realidad económica en España es demoledora. Un 33,5% (1.144.000) de empresarios autónomos refieren pérdidas superiores a 30.000 euros y un 61,5% (dos millones) dejaron de ingresar unos 15.000 euros de media. Pérdidas que para un 83,6% de los autónomos significa un desplome de los ingresos superior al 60%,  es decir, casi dos tercios en la ruina. Pero no pasa nada, que las preocupaciones de la clase política dirigente va en la línea de esperar que escampe aunque eso signifique que millones de españoles se queden atrás. Sinceramente, ya no logro comprender qué mentalidades y qué grado de conciencia tienen actualmente nuestros gobernantes.

Precisamente, por este brutal contexto de irresponsabilidades me preocupa cuál será la nueva Ley Estatal de Vivienda que se apruebe en breve en el Congreso, ya que el impacto de las novedades legislativas que ha ultimado el Gobierno en materia de alquiler, y las que está estudiando poner en marcha a través de la nueva legislación, podrían crear un desequilibro perjudicial para arrendadores y arrendatarios al espolear la inseguridad jurídica y retraer la oferta. Inseguridad jurídica que crea dudas de cómo poder desahuciar a los inquilinos en caso de impago del alquiler, así cómo evitar la okupación de una propiedad. O si se hará tributar a los propietarios por tener las viviendas vacías, que en el caso de Galicia son más de 330.000. Todo ello con la espada de Damocles de las  limitaciones en el precio máximo del alquiler. 

Aunque en el caso de Galicia será el Gobierno autonómico o los ayuntamientos los que tengan que tomar la decisión, al amparo del marco legal de la próxima ley, ya que el Estado no tiene competencias en materia de vivienda. Y esta es una de las principales preocupaciones de los propietarios, que en su inmensa mayoría son pequeños ahorradores que invirtieron en vivienda y necesitan rentabilizarla para atender los pagos de su préstamo hipotecario, o bien cuentan con el alquiler que perciben como complemento a sus ingresos que en muchos casos se han visto brutalmente mermados por la pandemia. 

Quiero puntualizar que utilizar un índice estadístico de carácter estructural para intervenir las rentas de alquiler en 2021 y pretender seguir interviniendo los precios en el tiempo, en un mercado como el del alquiler de viviendas -que es coyuntural y cambiante-, es claramente negativo , al romper definitivamente el libre mercado, a la vez que se lámina el derecho a la propiedad privada. En fin... caos, anarquía, pandemia, crisis económica, y un Gobierno socialcomunista, ¿qué más nos podía pasar?

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