Opinión

Año y medio demoledor para España

18 meses, 6. 570 días le queda aún a este país para echar -en las urnas- al peor Gobierno y al peor presidente jamas conocidos en nuestra historia democrática reciente. Y eso que el innombrable expresidente Zapatero había dejado el listón bien alto. Pero hasta en lo peor de lo peor hay también quien gane. 

Sánchez se está cargando nuestro idioma, nuestra economía, nuestra educación y, de paso, la Justicia a una velocidad de vértigo. El nivel de destrucción colectivo de todo un Estado es clamoroso. Y tan apabullante como estrepitoso también lo son silencios injustificables de los miembros y cargos públicos de su PSOE. Sánchez esta arrastrando a su partido al precipicio político, con presumible batacazo electoral incluido, aunque esos son sus problemas y de quienes se lo consienten. Pero lo que realmente nos debe preocupar a todos, y mucho, es su “gestión” de este país en un contexto económico donde el IPC se ha instalado -mes tras mes y con una ministra Calviño que ha resultado ser un bluf total- en una cifra siempre superior al 10%, con todo el brutal impacto que eso conlleva en hogares y actividades económicas. Y no, no se trata ya de un problema coyuntural de la economía, sino de todo un problemón estructural que nos adelanta un desequilibrio económico brutal para las ya castigadas clases medias. Y que, para autónomos y microempresas, va a suponer todo un reto el mantener su supervivencia económica en los próximos meses. 

Pero no pasa nada, que con el simple ejercicio de no ponerse corbata ya está todo solucionado. Para ejemplo, Sánchez, que ahora no lleva corbata por eso de la contribución al ahorro energético, pero que se traslada constantemente en Falcon y helicópteros Superpuma -quemando queroseno a mansalva por eso del medio ambiente y el ahorro- aunque sea a la finca del vecino, en un ejercicio de hipocresía infinito al igual que en una tomadura de pelo incalificable.  

Este país, España, ya no puede seguir manteniendo a un sinfín de Administraciones públicas y a más de 2.710.405 funcionarios y empleados laborales. De los que 1.616.211 (el 59,6%) trabajan para las Comunidades Autónomas; 579.680 (el 21,4%), en las Administraciones locales y Diputaciones, y 514.514 (el 19%), en el sector público del Estado. Y es que, a esta mastodóntica cifra aún hay que sumarle 73.197 cargos públicos políticos -según los datos del Ministerio de Política Territorial- y los más de 20.000 asesores en las diferentes Administraciones, según los últimos datos del CSIF. 

Todo ello con la guinda final de que en los últimos 8 años el coste de las retribuciones de mantener únicamente a nuestra “clase política” se ha incrementado un 24% -al igual que los sueldos y pensiones de la totalidad de los españoles y españolas, verdad?-. 

Iniciar de inmediato un proceso de reducción del gasto público improductivo y estructural en este país es imprescindible, por coherencia y sentido de Estado. Y que se dejen de las tonterías de decirnos si debemos llevar o no corbata, lo cual es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano con dos dedos de frente. 

Por último, y cambiando de tercio, quiero aportar una reflexión sobre los terribles incendios sufridos en mi provincia y en mi Comunidad Autónoma. La desertización de nuestro rural, la desaparición de miles de pequeñas y medianas explotaciones ganaderas de todo tipo, el envejecimiento de nuestra población y una parcial prevención y limpieza de los montes -que se debe mantener los doce meses del año ante el abandono demográfico del rural- son las principales causas de una lacra que arrastramos y seguimos sin ponerle fin. Prevención, planificación e inversión en gestión forestal -todo el año- es una posible solución.

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