Vaya mensaje más brutal nos está enviando a toda la sociedad española el actual Gobierno bipartito. Malversar, a nuestros “políticos y políticas”, que caigan en esa “tentación”, posiblemente les pueda salir gratis. Miren ustedes... el Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que comete el delito de administración desleal o apropiación indebida sobre el patrimonio público será culpable de un delito de malversación. Lo que deriva en penas que oscilan de 2 a 8 años de prisión y de 6 a 20 años de inhabilitación. Pues bien, esto es, presuntamente, lo que se quiere laminar el sanchismo en un ejercicio democrático sin parangón fomentando así la impunidad como jamás habíamos visto.
Pero solo es un episodio más del suma y sigue de este “democrático” Gobierno. Ya no les llegaba con este planteamiento que ahora nos enteramos de que su ley estrella del “solo sí es sí” ya ha derivado en rebajas de condenas y excarcelaciones de condenados por agresiones sexuales. Una de ellas en mi ciudad, Ourense. Y ya se me acaban los adjetivos calificativos con esta tropa de vividores de lo público que ocupan el Gobierno de este país.
Me hago eco del comunicado de la Comisión Permanente en relación con las resoluciones judiciales dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la “Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual”, y que dice lo siguiente: “Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la LO 10/2022 resultan de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley”. Traducido... si el legislador no sabe legislar, pues que aprenda, que ellos únicamente cumplen las leyes vigentes.
La ministra de Igualdad y su secretaria de Estado de Igualdad no pueden seguir un segundo más en sus funciones, por higiene democrática y por total y absoluta ineficiencia e ineficacia en sus responsabilidades. Han creado ellas solitas un gravísimo problema donde no lo había, todo ello provocado por su endiosamiento y destructiva soberbia.
Y no, no acaban aquí los despropósitos en materia judicial de nuestros y nuestras actuales gobernantes, y es que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo nos anuncia un endurecimiento de las penas por los delitos contra los trabajadores, que ahora acarrean penas de cárcel para los empresarios de hasta 6 años. Es decir, la demonización de la imagen del empresario en este país sigue su hoja de ruta por parte de este Ejecutivo. Y todo ello cuando siguen sin resolverse los graves problemas estructurales de nuestro mercado laboral, lo cual es competencia directa de la ministra que “se deja la piel por este país”, en fin.
Como última reflexión, decir que aún hay quienes creen que el CGPJ es una herramienta al servicio del ministro o ministra de turno. Y no, quienes tienen que defender nuestros derechos y libertades no están en nómina de ningún Gobierno, ni de este ni de ningún otro. Y es que simplemente el Poder Judicial es independiente del Legislativo y del Ejecutivo. Que tengamos que recordar esto una y otra vez... pues bueno. ¡Vaya país nos está dejando está tropa!
