Opinión

Erradiquen las okupaciones, ¡ya!

Pablo… ¡sé fuerte! Y no solo lo manifestó por la presunta financiación opaca de su Unidas Podemos, sino también porque es mejor aguantar un leve escrache en su lujosa mansión de Galapagar, a que se la okupen y se quede sin ella. Aunque… ¿cómo va sufrir él una okupación de su marquesado, si tiene a las fuerzas del orden custodiándola? En fin… entremos en materia:

¿El problema es que las Fuerzas de Seguridad no intervienen desde el primer momento en que es detectada y denunciada por el titular una okupación ilegal? La respuesta es no. El problema es la legislación actual y quienes tienen la responsabilidad de legislar modificándola, única y exclusivamente. Es decir, de las formaciones políticas con representación parlamentaria y la de los "políticos" a los cuales pagamos más que generosamente con nuestros impuestos.

Los últimos datos del Ministerio del Interior sobre ocupaciones de propiedades en el primer semestre de este 2020 ratifican totalmente mi preocupación sobre este asunto, que ya reflejaba en esta misma columna de La Región el lunes 27 de julio: "La aberrante impunidad de los okupas". Pues bien, los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, nos dicen que en este primer semestre, y en comparativa con el semestre del 2019, han crecido las ocupaciones en Galicia un 33,9%.Y también nos dicen que la okupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50%, y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%. Datos brutales que reflejan nítidamente que la legislación actual ya no sirve para atajar un gravísimo problema que produce inseguridad jurídica y serios conflictos de convivencia. En la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias perfectamente organizadas y dotadas logísticamente de los elementos necesarios para rentar económicamente las ocupaciones al máximo. Con lo cual han abierto un nuevo nicho de negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca, o ninguna, vulnerabilidad social. El perfil del okupa de la crisis del 2009 -personas vulnerables socialmente al haber sufrido un desahucio de su vivienda por ejecuciones hipotecarias en la mayoría de los casos- no tiene en absoluto que ver con la realidad de los actuales. Aunque sigue pendiente, y lo he manifestado en diversas ocasiones, la creación de un parque de vivienda social en alquiler como medida preventiva para mitigar la okupación.

Ahora los okupas son auténticos profesionales, asesorados sobre sus presuntos derechos y de todo tipo de artimañas. Y que saben perfectamente cuándo okupar las viviendas de obra nueva, que es justo en el momento de la entrega de las llaves a los propietarios o inquilinos. Y que también saben -con el supuesto apoyo logístico que les prestan las mafias- cuáles son las viviendas que están vacías, o las que son de procedencia bancaria, ya que en estas les es más difícil que detecten su okupación en las primeras 48 horas. Queda patente así la falta de agilidad procesal provocada por la escasez de medios y de recursos que deriva en demoras de meses para poder recuperar las propiedades al amparo de la Ley 5/2018.

Es prioritario modificar la legislación vigente y redactar una nueva norma que permita recuperar un inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Y por supuesto, modificar el Código Penal para endurecer la pena del delito de usurpación y que sea de prisión menor y no una simple multa, que nunca pagan porque siempre se declaran insolventes.

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