Si la actual reforma laboral hay que modificarla parcialmente para su actualización y mejora, pues perfecto, ¿cuál es el problema? Pero derogarla en su totalidad, tal como ha anunciado el Gobierno social-comunista, a través de su ministra de Trabajo, es un craso error. Y voy, desde mi personal punto de vista, a argumentar, escapando de tecnicismos, el porqué. Empezaré diciendo que una mayor flexibilidad laboral ha salvado dos millones de empleos, frente a la histórica destrucción que generó el modelo anterior, lo cual ya es un primer dato contundente y de peso. Y para ello se actuó en un contexto que liberalizaba el mercado laboral.
Y recordando que antes de la reforma laboral, con una legislación laboral más rígida, se reducía el empleo mientras los salarios se mantenían constantes o aumentaban. Con la reforma, el ajuste se ha producido a través de la moderación salarial, conservando el nivel de empleo y recuperándolo poco a poco a medida que la economía crece. No había otra manera para salvar del cierre a miles de empresas y que no se destruyeran decenas de miles de puestos de trabajo. Conclusión: el camino a seguir es liberalizar más, y que sean trabajadores y empresarios quienes pacten las condiciones laborales, siendo el Estado un mero revisor del cumplimiento de dichos acuerdos. Y si el Ejecutivo interviene el mercado laboral, será un gran error que pagaremos todos.
En definitiva, derogar la actual reforma laboral e incrementar el SMI puede sonar muy bonito para un trabajador, pero le diré con toda seguridad que si eso sucede, la destrucción de empleo está totalmente asegurada. Y les pondré un paralelismo con los datos de mi provincia, Ourense, en la cual los autónomos y microempresas somos casi el único tejido económico. Y para ello les voy recordar los datos de un estudio realizado hace una década por la consultora Deloitte para la provincia de Ourense y en el cual las primeras conclusiones ya nos decían que somos una provincia con demasiadas debilidades. El análisis realizado nos describe como un territorio frágil y con pocas oportunidades. El análisis DAFO realizado por la consultora para la redacción del plan de competitividad de la provincia recogía una larga lista de debilidades que empieza constatando el efecto negativo de la organización administrativa de la provincia con muchos concellos de poco tamaño. Además, en el marco de Galicia, Ourense se posiciona como la más envejecida, la de menor volumen de población, la que tiene la renta per cápita más baja y la que menos contribuye al producto interior bruto (PIB) y al valor añadido bruto (VAB) de la comunidad autónoma.
En la larga lista de debilidades, Ourense aparece como la tercera provincia de Galicia por volumen de nuevas empresas creadas y la última en número de empresas disponibles, lo que se resume en un "bajo dinamismo empresarial". La marcada presencia de microempresas dentro del tejido provincial y la concentración poblacional e industrial en la comarca ourensana son también factores negativos, a los que se vincula el constante descenso de habitantes. El análisis macroeconómico de Ourense cree que la tendencia hacia la despoblación está "consolidada", especialmente en los municipios rurales de menor tamaño, es decir, casi todos. A este catálogo de debilidades se le suma una única pero determinante amenaza: la pérdida de población en favor de las provincias del eje atlántico que se perfilan como los motores económicos de la comunidad gallega.
¿Entendemos ahora el porqué para una provincia como la nuestra la derogación es casi la puntilla final a nuestro tejido económico-social en un contexto de actividades económicas reducidas, las cuales con una ampliación de costes estarían abocadas al cierre definitivo?
