Es tal el número de despropósitos, y de tales calibres, que es difícil discernir entre tanta negligencia. Así, la última ocurrencia proviene está vez de los máximos responsables de los sindicatos UGT y CCOO, manifestando lo siguiente: "Los secretarios generales de UGT y CCOO creen que el debate de nacionalizar empresas debe formar parte del acuerdo de reestructuración que se lleve a cabo en España tras la finalización del estado de alarma por la crisis del coronavirus". Pues bien, si a esto le sumamos las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, en las que nos habla de lo mismo, y añade su propuesta de posibles expropiaciones de ahorros y bienes privados, pues como que la dictadura de corte estalinista ya está en marcha.
Y en este “impase”, me llama poderosamente la atención comprobar cómo unos sindicatos -con la mayor destrucción de empleo en tan corto espacio de tiempo de nuestra historia y un 40% de la población activa sin trabajo- no hayan abierto ni la boca durante toda este tiempo para defender a los trabajadores y sus derechos de un Gobierno que -con sus monumentales errores derivados entre otras cosas de su carente planificación y caótica gestión- ha hundido a corto y medio plazo la economía y el mercado laboral de España. Y cuando se pronuncian, sea para actuar como los palmeros de turno de quienes los mantienen con los dineros provenientes de nuestros impuestos. Estos son los sindicatos de este país, no aparecen en toda la crisis y cuando lo hacen es para decir barbaridades como esta. Como tampoco dicen nada de cerrar chiringuitos públicos, administraciones paralelas y suprimir funcionarios sin cometidos o con duplicidades inasumibles salarialmente en el actual contexto económico. Unos sindicatos que ni se inmutan con los actuales 3,7 millones de parados oficiales a finales de abril, más los que trabajan por cuenta ajena, los 1,2 millones de autónomos que han solicitado la prestación y los 4 millones de trabajadores de empresas privadas que cobran prestaciones por desempleo al estar inmersos en ERTE, y que nos arroja a 9 millones de parados. Esto es lo que hay a día de hoy.
Mientras, en la España real, el conflicto social ya esta servido en bandeja en la mesa del Gobierno según remate el estado de alerta. El número de personas que acuden a entidades sociales y benéficas a solicitar alimentos o a los comedores sociales, se ha multiplicado por ocho en solamente cuatro semanas, con los bancos de alimentos en mínimos y desbordados. Los almacenes de las entidades están en precario para atender la creciente demanda de familias que hasta la fecha nunca habían necesitado este tipo de ayudas. Esta es la España a la que nos está derivando este Gobierno bipartito socialcomunista. Por esto mismo, la Renta Mínima, si llega a aprobarse, ha de ser una palanca para la inserción laboral, no un sistema para cronificar el desempleo y depender vitaliciamemte del Estado. Primero, porque su coste ya es difícilmente asumible, pero reconozco que es necesario de manera temporal. Lo que no sería de recibo es que la picaresca de algunos y algunas la hicieran peligrar. Y pongo un ejemplo de lo que quiero decir: en buena parte de España hacen falta temporeros para recoger y envasar productos agrícolas, y la realidad es que solo un 8% de los desempleados con derecho a prestación han aceptado estos trabajos y el resto lo han rechazado. Ayudar y ser solidarios con quien lo necesita, por supuesto; mantener con pagas públicas -con dineros de nuestros impuestos-, a personas que abusen y se aprovechen de esta coyuntura, pues ni de lejos.
