Pues no se van ni por recomendación, y ahí están los datos de la última EPA para contrastarlo .El 65,1% de los jóvenes de menos de 35 años sigue viviendo en el hogar familiar,lo que representa porcentualmente 7 puntos más que hace diez años,casi nada .Y de este 34,9% de hogares formado por jóvenes de hasta 35 años,más del 60% de los hogares opta por una vivienda en alquiler o cedida por familiares, mientras que hace una década este mismo porcentaje ,60,5% ,se decantaba por una vivienda en propiedad,cambio de mentalidad y tendencia total.
Mi primera conclusión es que hacen falta 5.000 de protección oficial en Galicia en régimen de arrendamiento y de promoción publico-privada en régimen de alquiler con opción a compra en un modelo contractual de hasta 10 años.
5.000 viviendas son a priori las necesidades para actuar como plan de choque para dar solución a miles de familias gallegas que no tienen poder adquisitivo para tener en propiedad una vivienda, y que difícilmente pueden asumir un alquiler en el mercado libre.
El crecimiento de la vivienda vacacional y la desconfianza de los propietarios con la nueva ley de alquiler, deja la oferta de alquiler en mínimos y con un panorama en las grandes ciudades gallegas preocupante.
Los alquileres son inasumibles cada vez más para un segmento más amplio de la población y focalizando el problema en los jóvenes de menos de 35 años y las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros.Llevo en los últimos tiempos advirtiendo de las tensiones del mercado en alquiler sobre todo en las ciudades de Ourense,Vigo ,Coruña, y Santiago.Con los últimos datos del sector inmobiliario gallego , vemos cómo solo hay 3.900 viviendas en alquiler en las cuatro provincias gallegas.Lo cual significa un reducción de más de un 60% en la comparativa desde el 2017.
En Galicia ni ha habido, ni hay , planificación de la vivienda en alquiler ,ni por parte de la administración autonómica ,ni desde las administraciones locales .Y ese es un problema que aún a día de hoy siguen sin resolver, perjudicando así a decenas de miles de familias en nuestra comunidad que necesitan de una vivienda en arrendamiento ,y con un coste que no cercione drásticamente su capacidad real de gastos.
Siempre he sido cristalino en este posicionamiento, tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación burocrático, que solo crea inseguridad jurídica y desigualdad. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente. Hay que sacar lo antes posible suelo para que se adecúe a la demanda. Debemos aumentar la cantidad de suelo urbanizable para abaratar los precios y hay que poner suelo y vivienda al alcance de todos, con una nueva ley que de seguridad jurídica urbanística. Para ello debe haber, de forma inmediata, vivienda social para personas vulnerables y con un ratio de ingresos de menos de 18.000 euros anuales. Urge un parque de vivienda social, como en el resto de Europa, con colaboración público-privada, pero dejando que la vivienda libre se regule por sí misma, sin intervencionismos.
Todo ello con una vivienda en alquiler con incentivos, ayudas y medidas tributarias para favorecer al mercado de la vivienda para todas las edades. Los propietarios deben tener seguridad jurídica e incentivos fiscales por estos alquileres, en especial para el segmento más débil, el de los jóvenes que quieren y no pueden emanciparse.
