Opinión

La vivienda no puede ser intervenida

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La vivienda no puede ser intervenida

El mercado de la vivienda no es un mercado persa ni un partícipe del juego de tronos de ningún demagogo extremista. Intervenir el libre mercado de la vivienda es laminar la libertad de toda una sociedad. Me gustaría poner la vivienda en el primer plano de la agenda económica del próximo Gobierno, advirtiendo de las gravísimas consecuencias económicas, laborales y sociales de intervenir el mercado en España y Galicia. Provocar inseguridad jurídica total en la vivienda únicamente espoleará la especulación, los precios y aumentará la desigualdad social, favoreciendo las deslocalizaciones inversoras hacia el centro-norte de Portugal, en el caso de Galicia. 

Por ello, resumo un listado de medidas que permitirán mejorar el mercado de la vivienda, tanto en el caso de la propiedad como en el del alquiler. La vivienda requiere contar con una normativa simplificada que aporte mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado, por lo que hay que apoyar el carácter prioritario que se le debe dar y, en especial, considero de enorme interés que se proceda a la aprobación de una normativa de ámbito estatal, con rango de ley, que la regule. Eso sí, dejando a un lado las medidas populistas que, en aras de alcanzar una mayor justicia social, pueden socavar normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico.

Reactivar la producción de vivienda Galicia en función de la necesidad de creación de hogares y sus necesidades reales de ubicación es imprescindible. Como lo es también priorizar el derecho constitucional a disfrutar de una casa digna y adecuada, junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada. Soy muy directo en este tema: el derecho a la vivienda digna no puede menoscabar el de la propiedad privada. En este sentido, no comparto cualesquiera medidas de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías. Y sí solicito poner en carga todo el suelo destinado a vivienda de protección oficial retenido en manos de las distintas administraciones públicas. Pido al sector público que haga un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible, procediéndose a su desbloqueo. A la vez que se unifique en un marco general las leyes del suelo nacional y autonómicas, reduciendo la fiscalidad sobre la vivienda, y creando un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria, así como la seguridad jurídica en el urbanismo. 

Es básico incrementar el parque de vivienda en alquiler, ámbito en el que la iniciativa privada adquiere un papel principal. Incentivando así a los propietarios de viviendas y evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada. A la vez que promovemos un mercado del alquiler eficiente y ágil que salvaguarde, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos; en el cual, el establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualesquiera limitaciones de precios es contrario a la ley de la oferta y la demanda, y al concepto de propiedad, y máxime en todos aquellos supuestos en los que no se haya contado con ayudas públicas en su ejecución. Y estableciendo deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.

En definitiva, la vivienda no puede ser pervertida por una excesiva intervención populista.