El Gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo mediante el cual los ERTE se prolongarán hasta el 30 de junio, aunque decaiga el decreto de estado de alarma y se crea una comisión para revisar por sectores la ampliación de esta fecha. Además, se acuerda que se podrá despedir a trabajadores, si la empresa está en riesgo de entrar en concurso de acreedores.
Lo primero que hay que decir es que, efectivamente, al contrario de lo que dijo el presidente del Gobierno, los ERTE se podían desligar del decreto de alarma. Ha quedado patente que era un chantaje para coaccionar a la oposición y que votara la nueva prórroga. Era cuestión de voluntad política hacerlo y nada que ver con el estado de alarma. Algunos decidieron caer en el chantaje. Ya veremos hasta cuándo o a cambio de qué.
La nueva normativa no ha convencido a los empresarios. Después de varias horas de fuertes discusiones, decidieron firmarlo por considerarlo un pequeño avance. Pero, de ninguna manera, es una solución. El 30 de junio muchos sectores no habrán arrancado con un mínimo de seguridad sobre la facturación y difícilmente podrán mantener sus empleos. Es un nuevo parche. De hecho, muchas empresas ya piensan en despedir a sus trabajadores, reducir jornadas o rebajar sueldos, "sorteando" la alambicada legislación.
La realidad del tejido empresarial ahora mismo es que casi 150.000 empresas han muerto, más de 1,3 millones de autónomos han echado el cierre y 7 millones de trabajadores no trabajan. No se ha hablado con los distintos sectores para avanzar en los planes de vuelta a la actividad y muchas más empresas y autónomos no resistirán. Hasta 1,2 millones de trabajadores en ERTE se irán definitivamente al paro, según Funcas. Mientras, Trabajo se pone medallas por el número de prestaciones y Calviño asegura que lo peor ya ha pasado. En fin.
