La cronología ferroviaria de Galicia en general y de Ourense en particular está plagada de frustraciones. Primero, por la sistemática negativa a acceder a las justas reivindicaciones de sus ciudadanos. Después, por la reiterada dilación en las obras, hasta el extremo de que los beneficios que una infraestructura tan vital debería proporcionar a una tierra tan necesitada de mejores comunicaciones para su desarrollo llegaban francamente menguados. Si hacemos un repaso a las hemerotecas de los últimos diez años veremos que se hace cierta la frase de Carlos Marx de que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. La parodia de la Alta Velocidad comienza con el baile de fechas para una supuesta entrada en servicio que ha venido siendo aplazada sucesivamente desde 2008 hasta 2018, por el momento. Justamente, una de las primeras gestiones de la actual ministra (seguramente a su pesar) fue mover el horizonte de finales de 2015, comprometido en el célebre Pacto do Obradoiro que suscribieron en diciembre de 2010 José Blanco y Alberto Núñez Feijóo, para ganar tres años de margen. Fue borrón y pacto nuevo, con el beneplácito de quienes tantas veces habían considerado innegociable la meta del 2015.
A medida que el horizonte se hacía más lejano, ante las reiteradas reivindicaciones al respecto, se nos argumentaba que la espera, además de ser más ajustada a la realidad, sería recompensada con un mejorado proyecto, tanto en lo que al trazado se refería como a la integración urbana en su llegada a Ourense, además de con una estación que estaría a la altura de la ciudad que ejercería de entrada y de lanzadera del AVE hacia las demás urbes gallegas. Con esa esperanza, los ourensanos nos armamos una vez más de paciencia, ante la perspectiva de que la Alta Velocidad no nos sirviese solo como medio eficaz para conectarnos con el mundo en tiempos acordes al siglo que vivimos, sino que contribuyese además a vertebrar la ciudad, dotándola de una infraestructura de calidad en lo funcional y en lo formal.
Pero esas expectativas enfilan de nuevo el camino de la frustración. Es cierto que Ana Pastor se ha manifestado sensible a las necesidades ferroviarias de Galicia con acciones como la aplicación de tarifas de media distancia en la mayoría de los trenes de larga distancia entre las ciudades gallegas con el fin de suplir la ausencia de servicios de regionales, o la de duplicar las conexiones diarias con Madrid. Cierto que también fue contundente a la hora de borrar del mapa ciertos itinerarios anteponiendo su falta de rentabilidad económica por encima de su intangible rentabilidad social. Ojalá la ministra, que tantas veces pisa Galicia, nos visitase con mayor frecuencia como portadora de las realidades que el desarrollo de Ourense necesita y merece.
El discurrir de los acontecimientos empieza a señalar dos hechos preocupantes. El primero: desde el entorno del Gobierno salen ya mensajes indicando que se "hará todo lo posible" porque Galicia tenga su alta velocidad en el último plazo comprometido. La certeza del 2018 amaga con dejar de serlo, en el mensaje y en el paisaje, como se aprecia en la paralización a la que han sido sometidos desde mediados de 2013 los tramos de la línea Lubián-Ourense más cercanos a la ciudad, con túneles literalmente tapiados y dispuestos para la espera. El segundo: el tiempo se echa encima y se vislumbra cómo la combinación de ajustes económicos y de prisas tiene consecuencias en la calidad y el acabado de una herramienta vital para el futuro de nuestra Comunidad. Se renuncia al trazado completo con doble vía, se escamotea una estación emblemática y eficiente para Ourense y no se ha movido un ápice de tierra para construir la variante de la ciudad, una secuencia de acontecimientos que hacen temer (la experiencia aconseja mantenerse en guardia) que lo que se pueda estar ofreciendo a los ciudadanos es una infraestructura precarizada por el agobio que supone atender unos plazos en tiempos de poca solvencia económica y en los que los gobernantes parecen además acobardados por esas voces de más allá del Padornelo que cuestionan la inversión (más racionada de lo que debería atendiendo a los plazos y al peso socieconómico del proyecto) para dotar a Galicia de una alta velocidad de la que Andalucía disfruta desde hace más de dos décadas.
Se podría hablar también de cómo esa inversión en la alta velocidad ferroviaria está sirviendo para, por un lado, inflar las cifras de licitación pública en Ourense cuando se trata en realidad de un dinero del que se beneficia en igual medida cualquier otra ciudad gallega, y, por otro, para postergar todavía más proyectos por los que está provincia se mantiene en cola de espera presupuesto tras presupuesto. Pero ese sería otro editorial imprescindible.
