Los resilientes empresarios españoles y su masa laboral están gritando “basta ya”. Basta ya de compromisos postergados y de remedios vacuos. Exigen soluciones inmediatas. Como cada martes, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno los sorprendió esta semana con un nuevo placebo, en esta ocasión destinado a pequeñas empresas y autónomos, consistente en un aplazamiento de sus obligaciones tributarias hasta el 20 de mayo. Et voilà! Como por arte de birlibirloque, ese 20 de mayo la pesadilla habrá acabado y tendrán dinero en caja para seguir adelante como si nada hubiese pasado. Una vez más, después de las promesas grandilocuentes de reactivación económica de Sánchez, lo que aporta es nada. Excepto pura y dura frustración.
¿Cómo puede haber obligaciones tributarias para quien tiene cerrado el negocio?
Los empresarios, en general, acusan la “improvisación” que transmite el parte de novedades de un Gobierno desnortado que apela constantemente a la unidad política, invocando los pactos de la Moncloa, pero que cada vez está más lejos de la oposición y, lo que es peor, de los agentes socioeconómicos.
Los datos que se conocen a diario apuntan a una gran depresión e inquietan más todavía al observar que el Gobierno está errando el tiro, muchas veces equivocándose de enemigo. Nadie duda que al Ejecutivo corresponde legislar (aunque sea por decreto) y tomar decisiones inmediatas porque la crisis no espera. Hay que tomarlas y acertar, porque ahora mismo el margen de error es cero. Pero no es signo de debilidad, sino de inteligencia, escuchar la opinión de todos, valerse de sus conocimientos y alcanzar consensos antes de entrar en el Consejo de Ministros. Es imprescindible atender el consejo de los empresarios, víctimas de la crisis y motor imprescindible para dejarla atrás con el menor número de bajas posible. Urgen medidas económicas ágiles y valientes, con interés cero en la financiación. La gran industria lo tiene claro: impulsar la inversión pública en infraestructuras, vivienda pública y rehabilitación; estimular de forma efectiva la demanda del automóvil, responsable del 10% del PIB; reducir de forma coyuntural las cargas impositivas de los sectores sometidos a competencia internacional; incidir en la reducción de los costes vinculados a la energía, como la suspensión del impuesto a la generación del 7%; favorecer el acceso a los mercados internacionales y potenciar la actividad exportadora. No se puede ser más claro.
Pero no son los únicos que se explican de forma meridiana. El empresariado en general enumera día tras día sus demandas, sin que hasta ahora hayan obtenido respuestas solventes. Reclaman que se les rebaje el yugo de las exigencias de pago, aplicando fórmulas que combinen las obligaciones con Hacienda y sus propios proveedores, con la necesaria obtención de recursos para seguir produciendo y mantenerse en el mercado: financiación a interés cero y con facilidades de pago, exenciones de impuestos… Propuestas de sentido común e imprescindibles en todos los sectores, por supuesto, también en el de los servicios, fundamental en el soporte del tejido socioeconómico. Muchas voces de actividades como el comercio y la hostelería están reclamando ayudas para pagar alquileres e hipotecas de locales comerciales durante el tiempo que han tenido las persianas bajadas sin poder facturar, la suspensión de tasas e impuestos municipales ligados a la actividad comercial o ayudas para actualizarse frente al nuevo mundo con el que se enfrentan. Los meses vencen, los ingresos no llegan porque las persianas están bajadas pero las exigencias de pago no cesan. ¿Qué ha hecho el Gobierno por ellos hasta ahora? ¿Es que no oye o no quiere oír? ¿No leen sus ministros las dramáticas historias de las víctimas de la crisis que publica cada día esa prensa que considera de primera necesidad?
Este no es el Gobierno de las soluciones que Sánchez prometía y los españoles esperábamos, es el de los tropiezos, de los titubeos, de la ausencia de relato creíble. Se está mostrando como un Ejecutivo meramente gestual, dominado en la práctica por una minoría de radicales inexpertos, frente a la que el presidente y los ministros socialistas logran a duras penas imponer su autoridad. Eso se traduce en reduccionismos extemporáneos como el de considerar a los empresarios como un enemigo del empleo, ávido por aprovechar cualquier excusa para justificar un despido, tal como han hecho el vicepresidente Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
¿Qué se esconde tras la correlación de fuerzas dentro del Gobierno? ¿Tal vez la estatalización de la economía? Craso error. No podemos caer en el señuelo de un Estado paternalista, empleador único y mantenedor universal de una sociedad feliz. Muy al contrario, ha de fomentar, con todos los recursos disponibles, políticas que garanticen el papel de la iniciativa privada como motor de la recuperación y de la generación de empleo, como ha sido siempre en las sociedades occidentales. Sin empresa privada no hay empleo ni prosperidad, y la empresa, por tanto sus trabajadores y las familias de estos, ¿son o no son hoy un “colectivo vulnerable”?
Lo son. Y cada día que pasa sin que este Gobierno aporte soluciones eficaces y eficientes lo son más. Mientras tanto, los ciudadanos toman nota, y prueba de ello, la encuesta de Ipsos publicada recientemente: el 51% de los españoles considera mala o muy mala la gestión de la crisis sanitaria por parte de Sánchez. O el barómetro del CIS, que contempla una caída en la intención de voto a los socios de Gobierno.
España exige soluciones. Y las necesita ya.
