Opinión

Ence: la apología del chantaje para perpetuarse en Lourizán

Es posible que sea cierto que Ence ha logrado reducir en un 99 por ciento el fétido olor de su planta de pasta de celulosa en la ría de Pontevedra. Pero la actitud que manifiesta la dirección de esa compañía, se ha convertido en más pestilente, si cabe. Nada huele más a podrido que el chantaje y esa es la fórmula que ha adoptado desde hace años la compañía propietaria de la factoría situada a la orilla de la ría de Pontevedra. Ya en marzo de 2019 el actual presidente y consejero delegado de esa corporación declaraba su futura intención de abandonar Galicia, siguiendo el criterio económico de que la madera era más barata en Sudamérica que en Galicia y que había mano de obra mucho más barata que aquí en otros países. Lo dijo tras conocer que el gobierno de Pedro Sánchez había decidido desistir de apoyar la prórroga a Ence. Esta había sido otorgada por un gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy, en 2016. Dicha nueva concesión permitiría a Ence, en cuyo consejo de administración se sentaba la exministra del PP Isabel Tocino, prorrogar su actividad en la franja costera de Lourizán hasta el año 2073.

Finalmente la Audiencia Nacional anuló tal prórroga, el 16 de julio de 2021, con el sólido argumento de que no existe ninguna razón técnica que obligue a una prórroga en el mismo lugar cuando la actividad se puede desarrollar en otro emplazamiento, lejos de la línea de costa como lo demuestran las localizaciones de otras plantas, entre ellas la que tiene la misma compañía en la localidad asturiana de Navia.

Liberar tras casi 65 años de ocupación esa parte importante de la franja costera de la ría de Pontevedra, supondría la recuperación de un espacio natural degradado tras tantas décadas de actividad industrial y vertidos muchas veces incontrolados, que llevaron incluso a la condena por delito ecológico a varios directivos de dicha compañía. La reacción social contra la fábrica de celulosas tiene una larga historia y un amplio apoyo ciudadano. Tanto que el propio Alberto Núñez Feijóo se comprometió en su programa electoral de 2009 a sacar Ence de la ría de Pontevedra, compromiso que luego no cumplió.

La lucha para el cambio de emplazamiento de Ence no es solo una cuestión ambiental, ya de por sí importante. Es apostar por la recuperación de un espacio con un alto interés económico a partir del desarrollo de actividades sostenibles, como es la explotación de su banco marisquero o el turismo. El traslado de Ence ayudaría a sumar, con la creación de nuevos puestos de trabajo en nuevas actividades que ahora están vedadas. Pero esa compañía reniega por completo de Galicia. Ha decidido que si hay que trasladar la factoría lo hará a otra comunidad o a otro país, donde sus cuentas le resulten más beneficiosas y la defensa del interés público por parte de las instituciones no entre en colisión de sus intereses. El argumento de la empresa se ha hecho más contundente desde la sentencia de la Audiencia Nacional y mientras buscan triquiñuelas como la trasferencia de la titularidad de los terrenos a la Autoridad Portuaria de Marín para seguir en ellos, insisten en que o Lourizán o el cierre.

“Vamos a contribuir a revitalizar y dinamizar las áreas rurales donde trabajamos”, dice su presidente y consejero delegado en la presentación de su web. Pero nada de eso ocurrirá en Pontevedra. No les interesa la revitalización de la franja costera de Lourizán, les interesa que siga siendo suya a toda costa y perpetuar así el desastre ambiental por los siglos de los siglos.

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