La sanidad y la educación no admiten cambalaches electorales. Servirse de la financiación autonómica con la intención de doblegar voluntades o sumar apoyos de cara a facilitar la investidura del presidente del Gobierno podría considerarse un chantaje con en el dinero de todos. El retraso de los anticipos a cuenta que el Gobierno central adeuda a las comunidades autónomas es intolerable, además de alertar de que el sistema necesita un ajuste para que las facturas de la sanidad y de la educación no queden atrapadas por un bloqueo político.
Varios dirigentes autonómicos, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza, llevan tiempo reclamando el pago de las entregas a cuenta que rigen el modelo de financiación desde 2009 sin importar su color político. Pero hasta este fin de semana, si las encuestas no hacen cambiar de planes, clamaron contra el frontón de La Moncloa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha amparado en un informe solicitado por el Ministerio de Hacienda a la Abogacía del Estado para retener 4.500 millones de euros que corresponden a las autonomías, 700 a Galicia, por la mejora de la recaudación de este año de tributos como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Los letrados advirtieron de que un gobierno en funciones no puede realizar el pago con las cuentas prorrogadas para no recortar el margen de maniobra del siguiente ejecutivo. El Gobierno de Pedro Sánchez pudo adelantarse hace tiempo a una posible situación de parálisis política al no conseguir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, pero prefirió obviar el problema y confiar en que la rigidez normativa y la presión territorial por la asfixia financiera hiciesen de palanca en el Congreso para facilitar la investidura.
Antes de que Pedro Sánchez fracasara definitivamente en el intento y España se encaminase a una nueva cita electoral, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares anunciaron planes de ajuste en el gasto. Alberto Núñez Feijóo también envió hace más de una semana una carta a Pedro Sánchez con una propuesta de decreto ley que permitiría solventar una situación que castiga a las autonomías que han cumplido con la contención de la deuda, como le han exigido, para ahora verse abocadas a endeudarse para pagar facturas y garantizar los servicios. Este lunes se hace oficial la convocatoria de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre y el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado repentinamente una fórmula para desbloquear el pago de las entregas a cuenta en diez días, según anunció el ministerio que dirige María Jesús Montero este fin de semana, sin que la pirueta legal incumpla con el escrito de la Abogacía del Estado. Lo agradecerán las autonomías al anotar esta partida en sus cuentas sin tener que implementar recortes, aunque resulta curioso que al zahorí de la financiación autonómica de Hacienda sólo le funcione la varita cuando nos zambullimos en la precampaña.
Gonzalo Caballero, secretario general de los socialistas gallegos y candidato a presidir la Xunta, celebraba ayer el desbloqueo colgando en una red social un pantallazo de la noticia de un diario nacional acompañado de una reflexión de precampaña: “Dixémoslle duascentas veces a Feijóo que os socialistas somos a garantía para as autonomías, que resolveríamos a actualización das entregas a conta neste ano. O goberno socialista cumpre o que dixemos, e a Feijóo acábaselle o teatriño. Seguimos!”. El voluntarioso líder de los socialistas gallegos se equivoca esta vez señalando al que intentó buscar el arreglo a un problema que no creó y por el que acabaríamos pagando todos los ciudadanos, independientemente de la deriva ideológica. La educación y la sanidad no pueden estar otra vez en riesgo por la incapacidad de los políticos para ponerse de acuerdo. Hemos visto el problema, casi lo hemos padecido y habrá que señalar incompetentes si se vuelve a repetir. Lo diremos 200 veces o las que sean necesarias.
