Los violentos sucesos a los que asistimos estos días a raíz de la huelga del metal en Ourense, culminados por ahora el jueves con la irrupción y agresiones de un piquete “informativo” en las instalaciones de una empresa en Quintela de Canedo, nos han hecho retroceder de golpe a formas que son más propias de hace un siglo. De tiempos en los que la violencia -posiblemente por ambas partes- era moneda común en el “diálogo” entre empresas y trabajadores. La Historia ha dejado testimonio de esos hechos, al igual que la literatura o el cine. Pero en pleno siglo XXI no es de recibo tener que soportar actuaciones como las que muestra la cámara de seguridad de la puerta de acceso de las instalaciones Revi, en manos ya de la Policía, y que la edición digital de La Región ha puesto en conocimiento de la opinión pública en el vídeo que acompaña la información de ese vergonzoso episodio. Son más propias de películas como “La ley del silencio”, que describía los tiempos más turbios del sindicalismo en Estados Unidos en los que la mafia se había infiltrado entre las organizaciones que, teóricamente, tenían que defender los derechos de los trabajadores.
Vivimos en un estado de derecho. Ya no es tiempo de matones. El diálogo tiene que ser la base de toda negociación, y la huelga, un derecho tan válido como lo es el del trabajo. Un derecho que tiene su coste, como es la pérdida del salario mientras dura, o incluso el riesgo de ver comprometida la continuidad en su empleo para aquellos trabajadores con contratos temporales. Un coste que también paga la empresa afectada, con el cese de la producción y la consiguiente pérdida económica. Pero un coste que nunca recae sobre los representantes sindicales, que cuentan con un estatus legal que los convierte virtualmente en aforados, por utilizar el mismo término de inmunidad que se les otorga a los representantes políticos que se sientan en el Parlamento. Ni perderán su trabajo ni, cuando son liberados sindicales, su salario.
Precisamente por ese privilegio que los pone por encima de los trabajadores a los que supuestamente defienden, la conducta de los representantes sindicales debe ser de una ejemplaridad intachable. Es ahí donde reside la responsabilidad de su función. Una ejemplaridad que lo debe de llevar a actuar con la debida mesura, inteligencia y preparación para lograr en la defensa de los intereses de sus representados el mayor beneficio en favor de éstos con el menor de los perjuicios.
Los hechos del pasado jueves y otros de esta huelga del metal, como los ocurridos en la empresa GRI Towers, de Carballiño, muestran que hay sindicalistas anclados en las formas del pasado, más propias de un mafioso que de un representante de los trabajadores; que, lejos de la ejemplaridad con la que debe de actuar, de ejercer un liderazgo basado en su capacidad para utilizar los medios legítimos de que dispone para defender a sus representados, emplea la violencia sin escrúpulos, sin importarle las consecuencias que ello tendrá para sus representados, con la tranquilidad de que él saldrá impune y su nómina a fin de mes no se verá perjudicada.
Solo hay una manera de poner punto final a situaciones como la ocurrida: acabando con personajes de esa naturaleza que todavía persisten en organizaciones sindicales que, por lo que se ve, no han sabido realizar la transición a los tiempos que vivimos; que miran para otro lado cuando las evidencias resultan incuestionables de que en su seno aún hay elementos del siglo XIX que siguen realizando prácticas violentas, condenables y punibles por la ley; que mienten al negar los violentos hechos que todos hemos podido ver. Ya no es tiempo de matones. A ver si espabilan.
