El presidente Pedro Sánchez anunció esta semana un plan de ayudas a la contratación indefinida cuyo objetivo es incentivar la creación de empleo y, en consecuencia, el incremento de población en aquellas provincias cuya densidad es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Si Sánchez cumple en esta ocasión con lo que promete, destinará 380 millones de euros a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Son las únicas en las que se da la tasa de densidad elegida para establecer el rasero a partir del cual se realizarán las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, tanto para los contratos indefinidos ya en vigor, como para los nuevos que se firmen. En el caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes, las ayudas podrán llegar al 15 y 20 por ciento respectivamente. Pero solo en esas provincias. Ninguno de los 26 municipios de Ourense con menos de mil habitantes se beneficiará de ese plan porque el Gobierno ha marcado un criterio muy subjetivo, utilizando la provincia como referente, en vez de, por ejemplo, la comarca o el municipio. Concellos como A Mezquita, Castrelo de Val, Manzaneda, o Montederramo, con menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado, o A Veiga y Vilariño de Conso, que ni siquiera alcanzan la cifra de 4, no recibirán ni un euro de esos 380 millones.
Hay quienes sostienen que esta medida está especialmente diseñada para actuar en provincias en las que la sociedad civil ha plantado cara a los partidos tradicionales con movimientos como Teruel Existe o Soria Ya, que están poniendo difícil el resultado de las próximas elecciones al partido mayoritario del Gobierno. Que por eso se escogió el ámbito provincial y una tasa del 12,5 en vez de, por ejemplo, 15 ó 20 por poner otras dos opciones tan arbitrarias como la primera. Porque la densidad de población solo nos habla de cuán lleno o vacío de habitantes está un territorio. Pero vacío no es lo mismo que vaciado. Este concepto, que es el que siempre se maneja para reclamar un cambio en la política del reparto de los presupuestos por parte de los gobiernos de turno, hace referencia a los territorios que han perdido población de una manera dramática, forzada por la adversidad. Y en ese aspecto, desgraciadamente, ni Cuenca, ni Soria ni Teruel alcanzan los niveles de vaciado que sufrió Ourense desde la década de 1950, cuando llegó al medio millón de habitantes. En setenta años, nuestra provincia perdió doscientas mil personas, que emigraron a otras áreas de España y, sobre todo, a otros países para encontrar trabajo con el que poder ofrecer una vida digna a su familia. Todavía hoy se puede comprobar por el censo de residentes ausentes que el número de ourensanos en la emigración es mayor que el de habitantes de la capital de la provincia: más de cien mil que no han podido volver, ni sus hijos o nietos, porque en sus pueblos de origen no hay empleo, han cerrado los centros de salud, los colegios, las estaciones de tren, y los presupuestos municipales se agotan tan solo con prestar los servicios más elementales a una población envejecida y dispersa.
Ourense es una provincia marginada en inversiones. Si echamos un vistazo a los presupuestos generales del Estado de la última década veremos cómo se quedaban en el papel dos de cada tres euros que se consignaban en ellos. Y lo peor de todo, lo poco que se ejecutaba no era dinero para Ourense. Eran inversiones para construir una línea de alta velocidad que tenía que pasar por Ourense, como pasó por Cuenca para ir al Mediterráneo o por Puerto Llano para que el AVE llegase a Sevilla. En inversión netamente destinada a los intereses de Ourense, las cifras siempre fueron ínfimas y ahora que las grandes obras del AVE han concluido, los presupuestos del Estado nos devuelven a una realidad en la que el dinero destinado a obras públicas en Ourense se ha desplomado más que en ninguna otra provincia.
El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a abandonar a su suerte a Ourense, destinando su esfuerzo inversor a saldar deudas con los grupos políticos que le apoyarán en la aprobación de los presupuestos. Las cuentas del Estado se han convertido en una suerte de trapicheo con el que pagar voluntades o intentar frenar debacles electorales en los comicios de 2023, a costa de acrecentar la desigualdad territorial en la que, una vez más, Ourense está en el lote de las provincias que se llevan la peor parte.
Manejar el dinero público como si saliese de su propia chequera para beneficiar a unos y perjudicar a otros es un acto irresponsable e ignominioso que los diputados que representan a nuestra provincia no pueden ni deben de consentir. Su deber en el Congreso es defender los intereses de Ourense enfrentándose a cualquier decisión que perjudique a sus electores. Y ha llegado el momento de hacerlo.
