A primera hora de la mañana del jueves 20 de septiembre de 2012 los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detienen en Ourense al alcalde, Francisco Rodríguez, cuando sale de su vivienda con su pareja, Mercedes Astorga. Lo esperan en un acto que protagoniza en Santiago Pachi Vázquez, entonces secretario general de los socialistas gallegos y candidato a la Xunta en las elecciones que se celebrarán el mes siguiente. La pistola en el cinto de un agente le confirma que no se trata de una guasa, como cree en un principio. El alcalde de la tercera ciudad de Galicia es trasladado a un calabozo de la Comisaría de Policía de Pontevedra, en donde permanecerá casi 48 horas incomunicado sin saber los motivos de su detención.
Le requisan las gafas y durante dos días recorre a tientas los cuatro pasos que permite el habitáculo, se despelleja los nudillos golpeando la puerta para escapar del silencio sin respuesta, sufre fuertes dolores de cabeza, una bajada de tensión y el viernes necesita ser asistido por una ambulancia en la comisaría. A la mañana siguiente es conducido por Vigilancia Aduanera al juzgado de Lugo para prestar declaración y conocer los cargos. La magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1, le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en el marco de la 'operación Pokemon', que se salda con otros doce detenidos ese mismo día, entre los que se encuentran el regidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, y el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal socialista en Lugo, Francisco Fernández Liñares. La empresa de servicios Vendex y las maneras para conseguir adjudicaciones del servicio de grúa o de la ORA sin importar el color político de la administración convierte la actuación judicial en un aspersor. Pilar de Lara apunta sin importar el partido, apagando así cualquier reproche sobre el papel de su marido como dirigente del PP de Lugo.
Pasada la una y media de la madrugada del domingo, Francisco Rodríguez queda en libertad bajo fianza de 6.000 euros tras responder durante tres horas a las preguntas de la magistrada. A la salida del juzgado proclama que es inocente y que no va a dimitir. Pero la corrupción es la primera preocupación de los españoles, como detectaba un CIS entonces respetado. Pilar de Lara, instructora del 'caso Carioca' y de investigaciones del 'caso Campeón', todavía no ha mostrado lagunas procesales ni ha recibido críticas de sus compañeros y el nivel de indignación en la calle no está para pedir paciencia, máxime con unas elecciones a la vuelta. Una semana después, uno de los alcaldes más queridos de Ourense de las últimas décadas por su cercanía, entrega el bastón de mando o la dirección del partido aprovecha para retirarle la muleta, según se quiera interpretar lo sucedido. El resultado fue el mismo: la ciudad y el Concello todavía no se han recuperado del desconcierto.
Seis años y seis meses después de la condena política, el último alcalde que fue capaz de aprobar unos presupuestos imparte clase de Tecnoloxía en el Instituto Chamoso Lamas de Carballiño. Francisco Rodríguez comparte claustro con la nacionalista Isabel Pérez, que fue su teniente de alcalde durante los últimos tres años del bipartito. Todavía no ha sido juzgado por la 'Pokemon'. El tribunal de apelación de la Audiencia Provincial de Lugo decretó la nulidad de actuaciones que terminaron con la carrera pública de otros políticos como el socialista José Clemente López Orozco, exalcalde de Lugo, o el nacionalista Fernando Blanco, exconselleiro de Industria durante el Gobierno bipartito que renunció al acta de diputado. La misma suerte espera correr José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación de Lugo, tras dimitir de la secretaría general del PSdeG al ser imputado en el 'caso Garañón'. De Lara también puso en aprietos al todavía eurodiputado socialista José Blanco con el 'caso Campeón' e intentó sentar en el banquillo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con la 'operación Cóndor'.
En los mentideros políticos circuló el comentario de que las campañas electorales empezarían a hacerse en el juzgado de Lugo, pero los métodos de la llamada magistrada anticorrupción comenzaron a tambalearse y las macrocausas que pueden permanecer abiertas ocho años con sus brincos geográficos se hicieron ingobernables. Varios letrados elevaron la denuncia al Consejo General del Poder Judicial y el promotor de la Acción Disciplinaria (PAD), Ricardo Conde, propuso hace dos semanas a los siete componentes de la Comisión Disciplinaria una sanción para la magistrada de siete meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado forzoso de destino por la presunta comisión de una falta grave.
El teniente fiscal Luis Navajas rebajó el castigo a tres meses de suspensión de empleo y sueldo. A pesar de que Pilar de Lara confió su defensa a Agustín Azparren, magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ, la Comisión Disciplinaria de este órgano acordó este jueves imponer a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta “muy grave de desatención de las competencias judiciales”, que implica la pérdida de destino y el traslado de Lugo al ser superior a seis meses. La suspensión, que no será ejecutiva hasta que se agote la vía administrativa para la que cuenta con un mes para recurrir en alzada al pleno del CGPJ y después interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, pues no se prevé un cambio de criterio por ser una decisión unánime, sirve ya de ejemplo claro para no repetir actuaciones parecidas, aun presuponiendo la buena intención en la indiscutible firmeza contra la corrupción.
¿Pero qué pasa ahora? ¿Se prolonga la injusticia de una justicia que da muestras claras de no funcionar con eficiencia? ¿Quién y cómo resarce a las víctimas que ya fueron castigadas sin haber llegado siquiera a juicio? La Justicia es injusta si no resuelve los casos en los que se adentra y esparce dudas siguiendo cabos sin atar. Cuando la sospecha sobre una persona o sobre un colectivo se alarga en el tiempo, el resultado es tan imperceptible al principio como devastador después para la agilidad y el dinamismo de una administración de proximidad.
El miedo a mover un papel es peor para una ciudad que la pereza de un mal funcionario o la falta de imaginación de un político. Y son un puñado los que todavía no saben cómo han acabado citados en los papeles judiciales. Hasta se propagó una chanza sobre el asunto: “Si no apareces en un sumario de De Lara, no eres nadie en Galicia”. Algunos llevan seis años y seis meses en vela, pendientes de que la acusación que cambió el curso de todo ese tiempo quede o no en nada. No es broma para el que pasa seis años y seis meses con una herida abierta o está 48 horas incomunicado en un calabozo. Tampoco para el prestigio de la Justicia.
