Manuel Fraga proclamaba con solemnidad que él era el representante de Ourense en la Xunta cuando no contaba con conselleiros nacidos en la provincia. Alberto Núñez Feijóo recurre a su partida de nacimiento cada vez que se le recuerda que no hay ourensanos en su Ejecutivo. Y bastaría con la palabra del presidente, ya sea natural de esta tierra o adoptado, si esas buenas intenciones se viesen reflejadas en la ejecución de los presupuestos para reparar el olvido de un pueblo abandonado a su suerte. A este paso no sería descabellado que Mariano Rajoy reclame también el carné de ourensanía para compensar que en las cuentas diseñadas cada ejercicio las inversiones se quedan en una repetición de viejas promesas. Las partidas tienen una capacidad sorprendente para regresar cada año al papel, como los representantes políticos para no ejecutarlas y venderlas después como compromisos frescos. El Estado concentra el 91% de su inversión en la provincia en el AVE, porque a la fuerza tiene que pasar por aquí, pero esos 505 millones camuflan un desinterés palmario por el tan cacareado reequilibrio territorial o la discriminación positiva de la Galicia interior. Sucede tanto en Madrid como en Santiago.
Es incuestionable el gran logro por la conclusión del nuevo Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, pero chirría al recordar que fue proyectado en tiempos de José María Hernández Cochón al frente de la Consellería de Sanidade. A Ourense le caen pedreas para mantener servicios básicos en pie. Centros de salud que llegan tarde, depuradoras que tardan en llegar, viales imprescindibles que se van parcheando a la espera del definitivo (y va corriendo casi una década sin un kilómetro nuevo de carretera en esta provincia)... La lista de agravios es larga. La Xunta acaba de aprobar las cuentas para el próximo año. Prevé un gasto de 1.148 millones, 80 más que el presente curso, pero este incremento no es suficiente para evitar que Ourense abandone el vagón de cola entre las cuatro provincias, ya que las tres restantes superan en términos absolutos la inversión (Lugo, 1.265; Pontevedra, 2.733, y A Coruña, 2.883). Sin embargo, en lo que respecta al gasto por habitante, la provincia de Ourense es la segunda (3.648 euros), por detrás de Lugo, con 3.760; mientras que en A Coruña es de 2.568 y en Pontevedra de 2.894. A estas últimas cifras se agarra la Xunta para pregonar su interés por esta tierra rica en recursos, pero carente del impulso por parte de las administraciones autonómica y central que permita fijar población y atraer proyectos empresariales.
El trabajo elaborado por el departamento de Facenda concentra sus principales inversiones en el área de Infraestruturas e Vivenda, consignando partidas necesarias para el inicio de obras contempladas desde hace años como la conexión entre el Polígono de San Cibrao y la A-52 (5,7 millones), que hace unos días al fin licitó el Consello de la Xunta, o la terminal de autobuses y el aparcamiento que se integrarán en la futura estación intermodal de la ciudad (2,7 millones). Son obras imprescindibles para continuar a flote y que se vienen repitiendo en las cuentas, pero además carecemos de un gran proyecto diferenciador o de una idea imaginativa que convierta a Ourense en un referente de la economía global. La naturaleza regaló el termalismo, pero seguimos a la espera de una apuesta firme por parte de unas administraciones que parecen esperar a que la iniciativa privada resuelva su inacción. El entorno de As Burgas, con el edificio de la vieja cárcel cayéndose cascote a cascote, es un monumento perfecto a este histórico ninguneo a Ourense.
Y ahí están a la espera, año tras año, la biblioteca nodal y el archivo histórico, el museo arqueológico, la autovía de Valdeorras, la autovía a Lugo… Y con lo poco que ya tenemos y marca la diferencia, tres cuartos de lo mismo: un ejemplo palmario lo tenemos en Manzaneda, cuya estación nos convierte en únicos y podría ser referencia para los amantes del esquí de Galicia y del norte de Portugal; sin embargo históricamente se regatea y se discute cada euro destinado a mejorar y relanzar las instalaciones. Es hora de que la Xunta y el Gobierno central paguen a Ourense la cuenta pendiente. Con intereses de demora, por supuesto.
