Opinión

Recaudar poniendo en riesgo a las empresas

El sábado día 3 de diciembre del 2016, por lo tanto ya con el ejercicio a punto de vencer, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto ley por el que se modifican algunos aspectos importantes del Impuesto de Sociedades. Se trata de conceptos muy técnicos en su interpretación, pero cuya aplicación práctica se está revelando como potencialmente lesiva para las finanzas de las empresas, hasta el punto de poner en riesgo su viabilidad y, por ende, la defensa del empleo que generan. En síntesis, se trata de una medida recaudatoria a cuenta de los balances de las empresas, particularmente de aquellas que hasta el ejercicio 2013 hayan deducido fiscalmente, como correspondía según la norma entonces vigente, las pérdidas generadas por sus filiales en algún momento de su trayectoria –lo que en el reciente período de crisis ha sido una situación muy común en nuestro país– que ahora se verán obligadas reintegrar, incluso aunque las participadas en cuestión no estén todavía generando beneficios. 

Es decir, la norma puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda a finales del 2016 tiene efectos retroactivos no solo sobre el comienzo del ejercicio sino que advierte que todo lo deducido por las pérdidas de una filial, desde su creación y hasta 2013, tiene que ser ajustado contablemente y pagado vía impuestos en los próximos cinco años. O sea, si se ha deducido un millón de euros de una empresa filial, se debe dividir por cinco y pagar una quinta parte durante el período 2016-2020.

La Constitución señala que cada persona contribuirá al Estado de acuerdo a su capacidad económica. Y la capacidad de una empresa en un momento determinado se corresponde con unas circunstancias económicas concretas no necesariamente coincidentes con las de años anteriores. Como es bien sabido, durante los últimos años han sido cientos de empresas las que se han quedado por el camino como consecuencia de la crisis y las que han sobrevivido ha sido a costa de sacrificios y, por supuesto, lo han hecho pese a soportar una carga impositiva más propia de la bonanza económica que de un momento de ajustes y recesión. Consta que muchas empresas han sostenido durante estos años –buenos ejemplos de ello hay en Galicia– filiales que no eran rentables, en espera de mejores tiempos, defendiendo con ello un empleo vital para sus respectivas comarcas.

Cuando el desahogo parecía que podía llegar a las estructuras empresariales, un ministro indolente y un Gobierno permisivo han puesto a funcionar la máquina de recaudar a costa de colocar en un brete a las empresas y fomentando una vez más la tan nociva inseguridad jurídica. Preferimos pensar que en parte pueda haber sido por inconsciencia acerca del alcance tan negativo de las medidas promulgadas; de todos modos, para recaudar más para unas arcas del Estado tan urgidas de dinero no se ha buscado la eficiencia en la administración de recursos, ni la eliminación de gastos superfluos a los que tantas veces ha sucumbido la Administración, tampoco el equilibrio impositivo. No. Se ha optado por buscar subterfugios retroactivos para engordar las arcas de Hacienda a costa de las empresas que, no nos olvidemos, son el sostén del país, las que crean empleo y generan riqueza. Y mientras esto ocurre, el ciudadano observa cómo el Gobierno mantiene en pie, y a un elevadísimo coste para sus bolsillos, administraciones de dudosa utilidad (salvo para colocar confortablemente a políticos y amigos), chiringuitos inútiles, televisiones públicas ruinosas que sólo operan con eficiencia cuando ejercen de instrumento partidista... Es aquí donde hay margen para sanear las cuentas públicas y no castigando a las empresas que nutren el PIB español.

En estos últimos días hemos escuchado opiniones, incluso quejas, sin duda bien fundamentadas, sobre la reforma del Impuesto de Sociedades y sus lesivas consecuencias. Sin embargo, el discurso ha sido discontinuo y disperso. Las organizaciones empresariales deben expresar alto y claro cuál es su opinión sobre este tipo de afrentas que sitúan a muchas firmas de este país en un duro trance. Es cierto que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha hecho algunas declaraciones criticando la medida impuesta por el Gobierno, señalando sus pésimas consecuencias para las empresas, pero más allá de esa censura, poco se ha escuchado. Nada han dicho o hecho al respecto entidades ourensanas como la Cámara de Comercio o la Confederación de Empresarios de Ourense, una provincia en la que cada empresa o cada autónomo deberían ser mimados como un tesoro.  ¿Cuál es la función de estos representantes empresariales si no representar y defender los intereses de los empresarios?

Después de esfuerzos titánicos mantenidos para sortear la crisis, ninguna empresa se merece tampoco sucumbir a la voracidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda, reflejada sin disimulo por su titular, Cristóbal Montoro. Y lo peor es que este tipo de decisiones no son la solución para acabar con el déficit, sino una vuelta de tuerca más en una peligrosa espiral en la que la carga impositiva a las empresas seguirá creciendo. Inseguridad jurídica, riesgo de viabilidad, balances que pueden ir a pérdidas son solo alguna de las consecuencias previstas. Sin duda, todas son lo suficientemente graves como para que nos tomemos este asunto en serio, algo que parece no haber hecho el Gobierno y su ministro de Hacienda.

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