Rafael Catalá ya atesoraba desde el 16 de mayo de 2017 la indecorosa singularidad de ser el primer ministro de la democracia reprobado por el pleno del Congreso por maniobrar con el ministerio fiscal para obstaculizar la investigación de causas relacionadas con la corrupción. Pero Mariano Rajoy lo mantuvo al frente de la cartera de Justicia. Antes, Catalá había sugerido la posibilidad de multar a medios que revelasen sumarios durante un almuerzo celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona en abril de 2015, aunque después dio marcha atrás y proclamó que se habían “distorsionado" sus palabras. Ayer volvió a pecar de imprudente verborrea al ser preguntado en la Cope por el controvertido voto particular del juez Ricardo González en la sentencia de La Manada: "Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado".
También hoy puede intentar matizar sus palabras, pero no cuela. Resulta inadmisible que el responsable de Justicia cuestione y embarre el funcionamiento del sistema para que no le salpique el clamor social contra la sentencia. Es lógico que se pida su dimisión y hasta sería un acierto que se la exigiese su jefe en caso de que Catalá intentase perpetuarse en el cargo. Las fuerzas de la oposición que aplauden el chismorreo del ministro también son cómplices de una grave irresponsabilidad porque colaboran a dinamitar nuestro sistema de derecho a cambio de arañar algún rédito electoral en vez de aportar juicio en momentos de tensión y malestar. Como escribió en este periódico el magistrado Alfonso Villagómez, "que una sentencia discutible —o, si se quiere, directamente equivocada— provoque indignación en la sociedad no constituye por fuerza un síntoma de fallo en nuestra legislación penal. Nuestro sistema procesal y constitucional dispone de suficientes mecanismos de reacción para rectificar y corregir esa sentencia". Si la ley es nítida y dispone herramientas para corregir los posibles errores en su interpretación, las mejoras normativas necesitan pausa, reflexión y respeto judicial, condiciones que no reúne el ministro ni los políticos que juegan con la justicia según le convenga.
