La abrupta interrupción -confiemos en que no sea el desenlace- de la negociación entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ describe el riesgo de ser burlado que corre todo aquél que se fía de la palaba de Pedro Sánchez. En esta ocasión el burlado iba a ser Alberto Núñez Feijóo.
Cuando tras la dimisión de Carlos Lesmes ambos concluyeron que no podía transcurrir un día más sin intentar negociar la renovación del Consejo y la designación de vocales para sustituir a quienes llevaban más de cuatro años pendientes de sustitución, acordaron que esta vez el proceso sería rápido. Y parecía que la cosa iba por buen camino hasta que el pasado lunes el diario gubernamental sacó en portada la liebre llamada a dinamitar el acuerdo que dos días antes se daba por hecho. “El Gobierno -decían- se abre a reducir a la mitad la pena de sedición”. La presentación de la noticia incluía la clave para entender el porqué de una iniciativa que, sin ser novedosa, permanecía dormida: Pedro Sánchez impulsaba la reforma del Código Penal porque necesitaba los votos de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los Presupuestos. No era, ya digo, una novedad. Se habló del asunto en tiempos del entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo, pero causó sorpresa que la cuestión volviera a la superficie en medio de la negociación con el PP para renovar el CGPJ. Circunstancia que a todas luces colocaba a Núñez Feijóo entre la espada y la pared.
Era difícil entender que el PP cerrara un acuerdo para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces con la intención de reforzar la independencia del tercer poder del Estado mientras que, en paralelo, Pedro Sánchez negociaba la reducción del delito de sedición con los sediciosos que hace cinco años habían proclamado la República catalana y dado un golpe por el cual fueron condenados. Parece ser que Sánchez le había dicho a Núñez Feijóo que este asunto estaba paralizado. Pero ya hemos visto. Como en la fábula de la rana y el escorpión. Ahora, al sentirse engañado, el líder de la oposición ha roto la negociación con un argumento de peso: “No se puede pactar la renovación de los jueces con quien quiere dejar sin efecto sus resoluciones”. Desde el Gobierno le acusan de haberse dejado torcer el brazo y haber cedido a la presión de fuerzas que no identifican. Las que sí están perfectamente identificadas son las fuerzas que tienen la llave parlamentaria que permite al presidente del Gobierno dormir en la Moncloa. Mal asunto.
