La política como arte de lo posible en España ha cedido el paso a la política como habilidad para enrarecer la convivencia. Se diría que algunos políticos viven de crear problemas. Otros, primero los crean y después se ofrecen para solucionarlos. Volvemos a repetir elecciones por la incapacidad de unos y otros -más unos que otros- para anteponer las necesidades del país a los cálculos partidistas. Si quienes tuvieron en sus manos la posibilidad real de pactar para evitar el bloqueo hubieran manifestado algo de patriotismo y menos egoísmo nos habríamos ahorrado mucho dinero y las desagradables dosis de demagogia propias de las campañas electorales.
A lo largo de esta semana hemos oído y visto que quienes aspiran a gobernarnos se han dedicado a embarrar el terreno de juego y a desacreditar a los rivales, cuando no a prometer cosas que no dependen de ellos. Pedro Sánchez, por ejemplo, alardeó de que podía conseguir la extradición del fugado Carles Puigdemont y se retrató al decir que los fiscales dependían de él. Tras el aluvión de críticas, el aspirante socialista a perpetuarse en la Presidencia del Gobierno rectificó -a su manera- endosando la metedura de pata al estrés que provoca la campaña. Pero ya había "enseñado la patita" mostrando la inquietante percepción que tiene del poder.
Si Sánchez creía que podía mandar sobre los fiscales omitiendo el "pequeño" detalle de que vivimos en un Estado de Derecho, a Santiago Abascal le hemos escuchado decir que si llegaba al Gobierno lo primero que haría sería detener a Quim Torra, el presidente de la Generalitat. Como si en España no tuviéramos jueces y fiscales.
Algo parecido le hemos oído decir a Albert Rivera. No es que no tengan claro lo que establece la Constitución en orden a las atribuciones del Poder Ejecutivo, que lindan con las Poder Judicial pero cada uno en su papel, en la berrea de campaña, intentan llegar a los electores por el camino más rápido: el de la demagogia. Que ya se sabe que consiste en halagar a la gente diciendo lo que la gente quiere escuchar. Claro que Puigdemont habrá de responder por su actuación en el "procés", sentenciado por el Tribunal Supremo en el caso de otros participantes como delito de sedición y también por la huida de la justicia, pero serán los jueces quienes tendrán que decidir sobre sus causa. Tampoco cuesta avizorar el horizonte penal de Quim Torra, a la vista del inquietante incumplimiento de sus obligaciones al frente de la Generalidad de Cataluña, pero a los efectos de deducir presuntas responsabilidades penales será tarea de jueces y fiscales. No de políticos en fase de berrea electoral. Ojalá que concluida la campaña se acabe la demagogia.
