Dada la ausencia de los test que podrían decir quien está contaminado y quien no, según el anuncio del Gobierno, a partir del 2 de mayo miles de personas van a salir a la calle sin saber si están o no infectadas por el virus. La hoja de ruta presentada por Pedro Sánchez plantea más dudas que certezas. Las reiteradas prórrogas del estado de alarma que prolonga el confinamiento y la consecuente limitación de derechos y libertades tienen al personal al borde del rechazo. Crece el malestar ante tanta improvisación e incertidumbre. Solo el miedo frena una reacción en la calle. Son demasiadas las instrucciones y medidas que se contradicen entre sí. Según lo expuesto por Sánchez, un ciudadano podrá acudir a una terraza para tomarse una cerveza pero no se le permite -pongo por caso- visitar a sus padres aunque vivan en la misma ciudad. Imponer un horario concreto, limitando otros alternativas a los españoles de más de sesenta años es suspender el artículo de la Constitución que declara que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Algunas de las de medidas dictadas por el Gobierno parecen razonables -ir levantando las restricciones por zonas en función de la evolución y disminución de los contagios-. Otras, no. Sería el caso de la imposición a los bares, restaurantes y hoteles de operar al 30% de sus potencialidades. La limitación del aforo disminuirá los ingresos abocando al cierre de los negocios. Sin aclarar si seguirán bajo el paraguas de los ERTE esta medida hará inviable la reapertura de esos negocios condenando al paro a más de un millón y medio de trabajadores según estimaciones de algunos responsables de las organizaciones profesionales de los sectores afectados.
En el aspecto político, a juzgar por la intervención en la sesión de control en el Congreso, Sánchez sigue planteando la conducción de la crisis bajo los mismos parámetros defensivos. No contestó a ninguna de las acusaciones -otras eran solo preguntas- de Pablo Casado. El líder de la oposición denunció que ninguna de la medidas había sido consultadas previamente con el PP. La misma denuncia se escuchó en boca de los portavoces del resto de partidos con la salvedad de Podemos. Sánchez actúa olvidando que preside el Gobierno de coalición con menos respaldo parlamentario de cuantos hemos tenido en los últimos cuarenta años. Se lo recordó hasta el portavoz de ERC, uno de los apoyos que tuvo en la investidura. Vamos mal. Tanta arrogancia les pasará factura.
