No se van a poner de acuerdo. El Gobierno y la Xunta tienen una visión diferente del destino que se le ha de dar al Pazo de Meirás una vez que, con todas las de la ley, pase a ser propiedad del Estado. El uno quiere que se convierta en un lugar que explique a sus futuros visitantes quién fue Francisco Franco Bahamonde, el dictador cuya familia lo disfrutó como residencia veraniega durante ochenta largos años. La otra propone que sirva sobre todo para ensalzar la figura de su anterior propietaria, Emilia Pardo Bazán, como gloria de las letras españolas y gallegas y referente del feminismo y de la lucha por la igualdad de las mujeres. Ambas partes admiten que no son usos incompatibles y que pueden y deben complementarse. En lo que discrepan es en cuál de ellos ha de ser el más relevante, discrepancia que, obviamente y en el fondo, tiene que mucho ver con planteamientos ideológicos o, si se prefiere, con su concepción de eso que se ha dado en llamar memoria histórica o democrática.
Lo lógico sería que en última instancia la decisión definitiva la adopte quien al final sea el encargado de gestionar las torres ahora recuperadas para el patrimonio público. Feijóo considera de sentido común que el pazo sea para Galicia y para los gallegos, aunque acepta que el depositario siga siendo la administración central al menos hasta que haya una decisión judicial en firme, que aún puede demorarse bastante. Y recuerda una obviedad: que la Xunta también es Estado, por lo que legalmente no habría impedimento para su pretensión. En cuanto al destino del edificio, aduce que no tiene sentido vincularlo principalmente con el franquismo si no se hizo tal cosa con el Palacio del Pardo, que era, esas sí, la residencia oficial, familiar y permanente de Franco y los suyos. Pasa por alto que la Pardo Bazán ya tiene una casa museo, en el corazón de A Coruña.
Habrá que ver si el Gobierno izquierdista de Sánchez e Iglesias está dispuesto a entregar Meirás a un ejecutivo autonómico del PP, que hasta hace bien poco ponía reparos a la iniciativa por la que al final los Franco tendrán que devolver Meirás a su legítimo dueño, el Patrimonio del Estado. También hacen recaer sobre la Xunta la responsabilidad de no impedir que los nietos del dictador aprovechasen las visitas guiadas al pazo como bien de interés cultural para ensalzar la figura de su abuela, Carmen Polo, como gran dinamizadora de la propiedad. O que con frecuencia haya hecho la vista gorda posibilitando que se retrasasen, se suspendiesen o se limitasen tales visitas. Vamos, que en La Moncloa no acaban de fiarse del actual gobierno gallego en cuanto a su auténtico compromiso con la memoria histórica, a pesar de haber sido parte activa en la reclamación del pazo o de las esculturas de Isaac y Abraham que se guardan en su interior. Cuestión de prejuicios políticos.
Los colectivos memorialistas -cuya perseverancia ha sido clave para llegar a la situación actual- no parecen dispuestos a desaprovechar la posibilidad de destinar el pazo a recordar que España sufrió una guerra civil y una dictadura, cuyo centro de poder durante décadas se trasladaba cada verano a la casa señorial de Meirás, cuya "donación" al jefe del Estado se hizo con aportaciones difícilmente voluntarias de personas e instituciones, algunas de las cuales han encabezado ahora la larga batalla que desembocó, por ahora, en la sentencia desfavorable que obliga a los Franco a devolver las torres. Esos colectivos son clientela electoral del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, del Bloque, etc, los grupos que sustentan el Gobierno de coalición. Tienen todo el derecho, incluso moral, a pretender lo que pretenden. Pero no existe al respecto el amplio consenso social que algunos creen. La ciudadanía está dividida. Y el caso es que mayoría de los gallegos han votado por un gobierno de derechas, por un presidente moderado pero conservador, del que no es en modo alguno esperable que haga bandera del antifranquismo.
