La decisión del Tribunal Supremo de rechazar el medio centenar de querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno y los miembros de otros órganos constitucionales por la gestión y las consecuencias de la pandemia del covid-19 hace que la causa general que se pretendía armar contra sus integrantes se desvanezca. No hay por el momento causa penal, a expensas de lo que investiguen los juzgados de primera instancia a los que se remiten los hechos denunciados, por si de ellos se derivan responsabilidades personales de alguno de los aforados. Aunque el archivo “no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales”, ni el Gobierno de la nación ni los gobiernos autonómicos, sobre todo el de la Comunidad de Madrid, serán juzgados como tales, y la sanción por sus hechos tendrá que venir por la vía de las urnas donde los ciudadanos podrán valorar la dirección de la lucha contra la pandemia realizada por cada cual.
Los jueces de la Sala Segunda del Supremo que han dictado el archivo de las denuncias han recordado que las responsabilidades penales son imputables a los individuos y no a los órganos colegiados, por una parte; y por otra, que la indignación colectiva por lo que se considera que unas actuaciones negligentes o desacertada no tienen encaje en ningún precepto penal, al tiempo que circunscribe las investigaciones a las consecuencias de las acciones relativas a la compra de material inservible, a la desprotección del personal sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a las muertes en las residencias de ancianos. Serán los jueces ordinarios quienes tendrán que demostrar si entre las acciones u omisiones de los responsables políticos y el resultado mortal o lesivo “existió una concreta, precisa e inequívoca relación de causalidad”.
La compra de material sanitario a China ante una situación que tomó desprevenidos a todos los países y con sus almacenes desprovistos de los materiales necesarios para proteger a quienes se encontraban en la primera línea contra el covid-19 se convirtió en un mercado persa. Aunque el Gobierno centralizó las compras, las comunidades autónomas también realizaron las suyas por su cuenta. Uno y otras recibieron suministros inútiles para la función de proteger a sus trabajadores.
La muerte en las residencias de ancianos, que ha sido un auténtico agujero negro al afrontar la pandemia, está transferida a las comunidades autónomas, pero hasta el momento, al menos en la Comunidad de Madrid, tan solo se ha admitido a trámite una querella y el resto han sido archivadas con el informe en ese sentido de la fiscalía.
A las cuestiones que sí da cerrojazo el Supremo es a las acusaciones vertidas contra el Gobierno de ocultar las informaciones procedentes de organismos internacionales que advertían contra la celebración de reuniones masivas –el 8-M- porque no existe un tipo penal el que se castigue a la autoridad que de forma intencionada o negligente, oculte información relevante que ponga en riesgo la salud pública -aunque este asunto ya quedó encaminado con la absolución del delegado del Gobierno de Madrid que autorizó la manifestación del Día de la Mujer-, y la querella contra el ministro del Interior por el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, dos asuntos colaterales utilizados contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.
