Quedan apenas quince días hábiles de funcionamiento de las Cámaras legislativas antes de su cierre por “vacaciones veraniegas”. Y, sin embargo, la situación extremadamente anómala que vive el país hace imperiosamente necesaria una prolongación del período de sesiones. Lo cual es teóricamente imposible, porque la Constitución, en uno de los Títulos, el tercero, que mayores reformas precisaría, fija taxativamente, artículo 73, la duración de estos períodos. Y las sesiones extraordinarias solo pueden celebrarse de manera excepcional, sobre un orden del día previamente determinado. Así, ¿por qué no convocar esta sesión para un debate “constructivo” sobre el estado de la nación, por ejemplo tras las elecciones vascas y gallegas de julio?
Una de las muestras más claras de la inmensa anormalidad política en la que vivimos podría radicar en el hecho de que, desde hace cinco años, no se ha vuelto a celebrar el siempre saludable debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados. La escasa vida parlamentaria, el atasco del poder judicial, que debería haberse renovado hace más de un año, y el sobrepeso del Ejecutivo, omnipresente en los medios de comunicación en detrimento de la oposición, son otros tantos síntomas de la fragilidad de la situación democrática actual.
Que este Gobierno no es un ferviente apasionado de la vida parlamentaria -bueno, ningún Ejecutivo lo es- resulta obvio. Los poderes derivados del estado de alarma, que se prolongará hasta el fin del período de sesiones parlamentarias, han dado a Pedro Sánchez una capacidad de maniobra y de actuación prácticamente desconocidos desde hace 40 años. El equilibrio de poderes está ahora más debilitado que nunca y un cierre del Parlamento hasta el 8 de septiembre, con los muchos retos que va a plantear este verano, parece cuando menos poco conveniente. Son muchos los desafíos económicos, políticos, sociales y, desde luego, judiciales, que reclaman que el Parlamento, el arquitrabe de la democracia, mantenga sus funciones para debatir, más allá de los evidentes límites de una diputación permanente, las medidas gubernamentales en todos estos órdenes. No podemos seguir gobernados por decreto-ley.
Sorprendentemente, el principal partido de la oposición, al que, por muchas razones, le corresponde un papel principalísimo en la muy dura etapa que se avecina, permanece como aletargado, dejando que el Gobierno, desarrollando una estrategia sin duda inteligentemente diseñada, esté constantemente presente, ministro a ministro, en los medios de comunicación, y para qué hablar ya de la comparecencia semanal del presidente en las televisiones: allí, como ocurrió de nuevo este domingo, Sánchez aprovecha la ocasión para glosar, cosa hasta si se quiere lógica, la actividad de su Gobierno. El líder de la oposición va así limitando su actividad casi exclusivamente a la “bronca de los miércoles de Pablo Casado a Sánchez”, en el Congreso, mientras aguarda la caída del Ejecutivo y, a continuación, unas muy improbables elecciones generales en noviembre. Cosa que con bastante certeza no va a ocurrir.
Por el contrario, exigir la celebración de un debate extraordinario sobre el estado de la nación, para allí examinar las medidas a adoptar en el futuro para la reconstrucción del país y, en su caso, aprobar por consenso las propuestas de resolución pertinentes, sería, sin duda, una eficaz salida política. No solamente para el PP, sino para el conjunto de los partidos españoles, que habrían de comprometerse ante la nación a la puesta en marcha de soluciones a la crisis, que no ha sido provocada, sino agravada, por la pandemia.
Son muchas las cuestiones pendientes para un otoño que será especialmente caliente -no olvide la multitud de querellas y demandas que se avecina contra el Gobierno- como para cerrar ahora, así, sin más, las puertas del Parlamento. Desde la probable inhabilitación de Torra en septiembre, y la consiguiente celebración de elecciones catalanas en diciembre, hasta la gestión de las “ayudas europeas”, que obviamente no puede corresponder en exclusiva al Gobierno, ni siquiera con la cooperación de las autonomías, pasando, si usted quiere, por el futuro de la educación, estamos ante un panorama que justificaría, ya que no se atreven a un “Gobierno de salvación”, sí al menos acuerdos de Legislatura con gran profundidad y alcance. Puede que incluso la supervivencia de una democracia como la que soñamos esté ahora en juego. Oigan, ¡que se cierra el Parlamento! ¿Es que no se habían dado cuenta? Seguro que Pedro Sánchez y su estratega sí.
