Se avecinan semanas de una intensidad política inusitadamente alta, llenas de incertidumbres, de iniciativas que pueden ser determinantes para el resto de la legislatura en un horizonte en el que solo aparece un oasis, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año y el acuerdo para el del siguiente, lo que llevaría la legislatura al menos hasta finales de 2019, si por el camino no se cruzan otras circunstancias imprevisibles o el interés político de quien tiene la facultad de disolver las Cortes y convocar a las urnas.
Tras el acuerdo con Nueva Canaria, el Gobierno se ha quitado una de sus mayores preocupaciones de encima y podrá comenzar a negociar ya los del próximo año, que contarían de nuevo con el apoyo del PNV, que tras haber obtenido un rédito de unos mil millones de euros por cada uno de sus cinco diputados, ahora puede también pedir otras cuestiones relacionadas con el proceso de normalización vasco relacionado con otros de los asuntos de interés de los nacionalistas relacionados con la política penitenciaria, en función también de lo que haga ETA que sigue sin disolverse.
La tranquilidad que le da al Gobierno contar con las cuentas públicas aprobadas le puede permitir dedicarse plenamente a tratar de resolver el desafío soberanista que ayer dio otro paso más, tras el desencuentro total sobre la hipotética celebración de un referéndum de autodeterminación y que entrará en un terreno de enfrentamiento abierto en el momento en el que se conozca la fecha y la pregunta del referéndum. Entonces toda la vida política girará en torno a esta cuestión en la que el Gobierno asegura que tiene afinados todos los mecanismos para evitar que el Govern saque las urnas a la calle. Y en esta cuestión, como siempre, Mariano Rajoy cuenta con el apoyo sin fisuras y sin dudas del PSOE, que una vez más ha reiterado que la soberanía nacional recogida en la Constitución es indivisible. Así se lo hizo saber Pedro Sánchez ayer en el primer contacto que han mantenido tras la reelección del secretario general del PSOE. Sembrar dudas acerca de esta posición firme ha respondido a maniobras intencionadas.
La moción de censura presentada por Podemos para hacer presidente del Gobierno a su líder, Pablo Iglesias, va de cabeza al fracaso por las dudas sobre su oportunidad que genera incluso entre sus propios partidarios y por la negativa a respaldarla por la mayoría de los grupos parlamentarios que necesitaría para sacarla adelante, desde los nacionalistas al PSOE. Pero que no sea aprobada no implica que no se vaya a desarrollar un debate intenso -y tenso- sobre las políticas del Ejecutivo y las alternativas a sus políticas. Desde el Gobierno y el partido que lo sustenta se debiera huir de la tentación de menospreciar un debate amparado por una de las figuras constitucionales más relevantes, que por esa circunstancia y por su trascendencia apenas se utiliza.
Y sin solución de continuidad, tendrá lugar la celebración del 39% congreso que alumbrará el “nuevo PSOE” que propone Pedro Sánchez, en la que participarán los mil delegados elegidos este fin de semana en listas de integración, aunque se ha producido las retiradas de los autores de las ponencias política y económica, que resultarán muy enmendadas. Los socialistas se juegan el futuro del partido.
