Opinión

Un año por delante

Tal día como hoy, hace tres años, el PP logró una abrumadora mayoría absoluta sustentada en la promesa electoral de sacar a España de la crisis, sin tocar el Estado de bienestar y sin subir los impuestos. Lo que ha ocurrido a lo largo de estos tres años es una historia conocida que el Gobierno tratará de remediar a lo largo del año que queda de legislatura amparado en una economía que despunta en sus cifras macroeconómica y que vive pendiente de lo que ocurra en una Europa que se mueve en el filo de la recesión, para consolidar las “raíces vigorosas” del crecimiento.

Pero la incipiente salida de la crisis se ha hecho a costa de tantos sacrificios que la mayoría de la ciudadanía no le sirve que España sea una de la locomotoras de la UE, porque sigue sin notar la recuperación en su economía familiar, y el repunte en el mercado laboral se ha hecho con empleos de mala calidad hasta el punto de que se ha dado la vuelta la dualidad y ya son más los trabajos inestables que los fijos, mientras el paro seguirá rondando el 25% 

Para complicar el panorama del último año, el Ejecutivo se enfrenta a dos problemas a los que no ha dado la respuesta suficiente como para situarlos en vías de solución. El primero es la corrupción, que sigue cercando al Partido Popular en mayor medida que a otros partidos –aunque los socialistas cargan con los ERE y los “cursos de formación”-, sin que las medidas anunciadas, crisis tras crisis, producidas por el descubrimiento de un nuevo “affaire” acaben aprobadas y haciéndose visibles y sobre todo eficaces para dar solución al que es el segundo problema nacional percibido por los españoles. 

El segundo es el expediente catalán, que ha entrado en una deriva impensable por la celebración de la pseudoconsuta del pasado 9-N tras la deslealtad probada de Artur Mas, que juega con todas las barajas que tiene a su alcance y que aboca a Cataluña a unas elecciones anticipadas en las que él no sería vencedor. Pero la respuesta del Gobierno a este desafío no puede ser únicamente la interposición de una querella y apelar al inexcusable deber de preservar la unidad de España, sino la de tratar de resolver un problema territorial realmente existente ante el que no cabe mirar para otro lado. Las posibles soluciones ni son fáciles ni son rápidas pero algunas se han puesto ya sobre la mesa. La cuestión es si el Gobierno está dispuesto a tomar la iniciativa y a avanzar en el reconocimiento de las singularidades sin afectar a la igualdad.

Con estos mimbres, el Gobierno afronta un año con dos convocatorias electorales seguras y una probable. Las previsiones llenan de congoja a muchos alcaldes y presidentes autonómicos que van a ser los primeros en pasar el examen de las urnas y ven su cargo en el alero, con la posibilidad cierta de que el PP pierda algunos de sus principales graneros de voto.

Sin que la mejora de la economía sirva por el momento de banderín de enganche, con la percepción de la corrupción desatada y con la incógnita de la implantación de Podemos y con algunas dudas –minoritarias por el momento- sobre el liderazgo de Mariano Rajoy, al Gobierno le aguarda un año que se le puede hacer eterno.

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