El pleno del Congreso celebrado ayer ha puesto fin a la XI Legislatura desde la recuperación de la democracia. Ha sido la más corta en un país en el que los sucesivos gobiernos, una vez que el funcionamiento democrático de las instituciones entró en velocidad de crucero, se han esforzado por llevar al límite los mandatos y se han resistido siempre a los adelantos electorales, y cuando estos se han producido era porque el agotamiento político era evidente y la convocatoria oficial no estaba tan lejos. Se trataba de combatir la sensación de inestabilidad política y de ingobernabilidad que afectaba a otros países europeos. Todo resultaba más fácil porque a las legislaturas con mayoría absoluta les seguían otras en las que los representantes del bipartidismo podían pactar con el nacionalismo catalán, que no habían entrado todavía en la deriva independentista, y el vasco.
Los resultados del 20-D y la irrupción de Podemos y Ciudadanos ha cambiado todo y todos han fracasado a la hora de negociar la investidura de un presidente del Gobierno. La consecuencia es la disolución de las Cortes y que decaigan todas las iniciativas legislativas propuestas, la mayor parte a instancias de la oposición, han tenido el denominador común de iniciar el debate sobre la derogación las leyes más emblemáticas del PP: LOMCE, ley mordaza, cadena perpetua, Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma laboral…, o proponer otras de importante calado como la Ley 25 de emergencia social, que han permitido visualizar que en la mayor parte de las votaciones PSOE y Podemos han votado juntos, que a esa voluntad de cambio también se ha sumado Ciudadanos, cuyos diputados, no obstante, en otras ocasiones se han abstenido o ha votado junto al PP, que la mayor parte de las ocasiones se ha encontrado solo, con la práctica totalidad de la Cámara en contra.
Sin embargo, buena parte de los esfuerzos realizados en el Congreso se han realizado para tratar de que el Gobierno en funciones se sometiera al control parlamentario, dando lugar a un enfrentamiento institucional por su negativa a hacerlo y a que todos los grupos -excepto el PP- decidieran presentar un conflicto de atribuciones ante el TC el próximo 6 de mayo, si bien para esa fecha las Cortes estarán disueltas y la iniciativa también puede decaer.
Queda la sensación de que los propios portavoces parlamentarios en su labor legislativa sabían que estaban lanzando fuegos de artificio, que más importante que lo que se decía desde la tribuna o en las distintas comisiones era lo que se hablaba en las salas de reuniones donde se debatían los acuerdos que finalmente han quedado plasmados en un documento, o donde se abortaba cualquier posibilidad de sacar adelante un pacto transversal que firmaran más de dos fuerzas políticas, de tal forma que, en efecto, el Congreso ha vuelto a ser el centro de la vida política, pero lo ha sido para certificar que los representantes de la nueva y la vieja política se han mostrado incapaces de lograr un acuerdo y que ha prevalecido la estrategia de los vetos y las líneas rojas frente a la generosidad para pactar como requería el momento para evitar la vuelta a las urnas. Como ha dicho acertadamente Mariano Rajoy, “ahora se les conoce más” a todos. Y a él también, claro.
