En contra de lo que suele ser habitual en las conferencias de prensa de fin de curso político, Mariano Rajoy ofreció ayer dos noticias íntimamente relacionadas: que va a acabar la legislatura y que no realizará una crisis de Gobierno confirmando su deseo de terminar su periodo de gobierno con los mismos ministros que comenzó cuando accedió a La Moncloa. Esta última noticia es consecuencia directa del panorama que dibujó en su intervención inicial con la exposición del conjunto de datos económicos positivos y su traslación a otros ámbitos sociales y, por tanto, si todos los ministros están colaborando al despegue de España y al mantenimiento de los estándares del Estado de bienestar, como si la crisis no hubiera dejado muy tocados los servicios sociales, como si no hubiera aumentado la pobreza y la desigualdad, es lógico que les ratifique en el cargo..
Luego, Mariano Rajoy ha vuelto por donde solía, al relato de la recuperación económica como guía de su acción tanto para justificar las reformas emprendidas como las que tiene previsto adoptar a la vuelta del verano; a la ambigüedad y las largas cambiadas ante los temas peliagudos que le acucian como presidente de un partido que está muy afectado por la corrupción de quienes fueron militantes destacados, y a la confirmación de que la cuestión catalana se abordará bajo los principios de “ley y diálogo”, basada en el convencimiento de que Artur Mas no hará nada ilegal, según sus propias explicaciones, y de que la unidad de España no está en peligro.
Sobre la evolución económica, él mismo o sus ministros ya habían anticipado el discurso de los buenos datos pasados y de los cambios en la previsiones de crecimiento y empleo para la vuelta del curso político. Unos buenos datos que ha reconocido que son mérito de la capacidad de aguante de la sociedad española, sí, pero sobre todo de las reformas estructurales que ha aplicado el Gobierno.
La coincidencia en el tiempo del auto de procesamiento del juez Ruz sobre el caso Gürtel y de la confesión de Jordi Pujol sobre el olvido de sus responsabilidades fiscales durante más de treinta años, junto a la entrada en prisión de Jaume Matas, le ha servido al presidente del Gobierno para despachar el asunto de la corrupción política –el segundo que más preocupa a los ciudadanos tras el paro- con una loa a la división de poderes y a la igualdad de todos ante la ley, con el compromiso de tratar de que esta situación que “no le gusta” no se vuelva a producir en el futuro mediante leyes, como la de transparencia, que todavía no ha entrado en vigor. Pero esa no era la cuestión. La cuestión es que en este primer proceso del caso Gürtel hay casi medio centenar de implicados que ocuparon cargos dirigentes en el PP, que el juez da por acreditada la existencia de una contabilidad B en el partido en el Gobierno y que uno de sus exministros ha entrado en prisión. Y todo eso es como si no existiera.
De la reunión que ha mantenido esta semana con el nuevo líder de la oposición ha ratificado que existe acuerdo en políticas de Estado –modelo de Estado, incluido el no al referéndum independentista; posición en Europa y política de defensa- y discrepancias sobre la elección de alcaldes que quiere el PP y la reforma constitucional. Aspecto este en el que Mariano Rajoy no está dispuso a tomar la iniciativa porque a su juicio el edificio institucional sigue siendo muy sólido y nadie le ha contado para qué y qué es lo que se quiere hacer. Una respuesta un tanto frívola ante una demanda que va creciendo, aunque no la quiera ver.
