Comienza el curso político como terminó el pasado, con una comparecencia pública del presidente del Gobierno para fijar la agenda sobre los retos y los debates políticos que se avecinan. Pero arranca peor si cabe de lo que terminó, cuando la pandemia se daba por acotada después del confinamiento, con el alivio europeo sobre la mesa y sin que estuviera en el horizonte los problemas judiciales de Podemos con la dimensión que están alcanzando a la espera de los avatares judiciales que están por llegar y sus consecuencias políticas, porque la intención es siempre tirar por elevación. Las peripecias conocidas del rey emérito han venido a añadir problemas a un escenario ya suficientemente convulso, con la coda de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez
Los dos objetivos fundamentales para este nuevo curso político son dos, controlar la pandemia, con todas las consecuencias que una nueva ola desmesurada tendría en todos los órdenes de la vida, salud, educación, economía, relaciones sociales, y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que hace de septiembre un mes determinante para resolver ambos asuntos. Mañana jueves, con la reunión conjunta de los consejeros de Educación y Sanidad con los ministros del ramo y de la posterior Conferencia de Presidentes deben salir directrices unánimes -siempre habrá versos sueltos- que superen las recriminaciones sobre las responsabilidades de que otra vez se haya llegado tarde a la solución de los problemas. A estas alturas ya se sabe que no se puede pedir una cosa y la contraria según el reparto de responsabilidades ni apelar a la legislación ordinaria para luego reconocer que no era suficiente y pedir, una vez más legislar en caliente. Las cifras de los contagios vuelven a ser insoportables con un cinco por ciento de contagios de los cuatrocientos mil acumulados en los últimos días, y el Gobierno, acude en ayuda de las comunidades autónomas con un ofrecimiento de militare para una labor que se consideraba esencial cuando se levantó el estado de alarma. los rastreadores, que no han sido contratados en la medida necesaria. El ofrecimiento de que las CC AA puedan solicitas un estado de alarma limitado es una posibilidad que difícilmente será asumida por cuanto supondría el reconocimiento del fracaso de su gestión tras el confinamiento.
En cuanto a los Presupuestos su presentación antes del 30 de septiembre es la clave del arco de toda la legislatura. Para esa fecha el Gobierno ya tiene que contar con los apoyos necesarios para sacarlos adelante, porque en caso contrario sería un ejercicio tendente a la melancolía. Y en este asunto es donde los partidos concernidos tienen que dar la talla, superando sus líneas rojas, sus apriorismos y sus maximalismos. Y eso va sobre todo por Unidas Podemos y Ciudadanos que pueden verse obligados a pactar y a soportarse so pena de que los fondos europeos que se consideran un salvavidas para la situación económica y social no acaben de llegar. Sin mucho tiempo para convencer a ERC para que apoyen los PGE, y dadas las circunstancias internas de Cataluña el escenario político puede hacerlos compañeros de cama. Ellos que llegaron para regenerar la vida política desde dos versiones contrapuestas están obligados a un ejercicio de pragmatismo con el que salvar sus debilidades. Unas debilidades que en el caso de Podemos están acentuadas por sus problemas judiciales y por su reacción ante ellos. De momento el PSOE le ha ofrecido un salvavidas parlamentario que consolida la coalición de Gobierno, la única fórmula matemática que permite su pervivencia.
