De manera similar a lo que ocurrió en los meses de febrero y marzo, al inicio de la pandemia, sigue sin responderse con meridiana claridad qué es lo que ha ocurrido para que nuestro país fuera en aquellos momentos uno de los que con más virulencia sufrió la proliferación del covid-19, y ahora sea el que se encuentra a la cabeza de los rebrotes en Europa con noticias perturbadoras sobre la extensión de los contagios.
Sin duda, no existe una causa única sino un conjunto de ellas que van camino de provocar la tormenta perfecta. Para unos la extensión de la pandemia se deberá a la inacción del Gobierno o de los gobiernos autonómicos; para otros es consecuencia de la idiosincrasia nacional, o del ocio nocturno; los de más allá culparán al turismo nacional o a llegada de visitantes por Barajas sin control, y hay incluso quien en su arrogancia niega la evidencia y habla de que esto del coronavirus es una mentira orquestada para laminar libertades.
Descartado por vía judicial el 8-M como causa fundamental de la expansión del virus, considerado el confinamiento como la mejor medicina para aplanar la curva de contagios y muertes, la relajación de los requisitos para la desescalada por parte de los gobiernos autonómicos para tratar de recuperar la actividad económica y las libertades es una causa fundamental en el aumento de casos detectados.
Que sean Cataluña, País Vasco y Madrid los focos de la nueva fase de la pandemia no es una casualidad. Fueron estos gobiernos autonómicos los que más presionaron para acabar con el estado de alarma. Los dos primeros porque rechazaban la recentralización que suponía la dirección única por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso porque desempeñó el papel de ariete del PP contra el Gobierno. Finalmente, el Ejecutivo sacó adelante la última prórroga del estado de alarma porque pactó con el PNV a que los presidentes autonómicos tuvieran la potestad de dirigir la fase 3 de la desescalada y estos se comprometieron a reforzar la atención primaria y a la contratación de rastreadores de los contagiados para aislar los focos de infección.
Es un hecho que la descompresión del confinamiento se ha realizado con demasiada prisa para salvar el sector de la hostelería y el turismo, aun a costa de perjudicar a otros sectores productivos, y que en ninguna de estas comunidades se ha reforzado como debieran los servicios sanitarios, a pesar de las advertencias de las organizaciones profesionales, en una demostración de que su gestión es ineficiente ahora que tienen todas las responsabilidades y, además, deben asumir los acuerdos adoptados, por unanimidad, en el último Consejo Interterritorial de Salud, celebrado bajo la acusación de inacción del Gobierno.
Esas prisas, de hecho, no han logrado su objetivo, dado que las fronteras están cerradas de facto por decisión de los principales países emisores de turismo y muchos de los nuevos focos están relacionados con la sensación de “inmortalidad” de grupos de jóvenes, -piden que no se generalice en la criminalización- abiertamente imprudentes en su ocio. Tanto como los manifestantes antimascarilla de Madrid.
Ya tenemos una serie de posibles responsables de la nueva oleada de contagios. Pero el problema sigue ahí y sigue sin resolverse.
