Los tiempos preelectorales son convulsos para todos los partidos. La elaboración de las candidaturas es el momento culminante de las luchas internas por el poder, en el que no se excluyen ni las represalias ni los ajustes de cuentas para ser las cabezas de lista. De esta situación de la que es cumplido ejemplo el PSOE con su decisión sobre Tomás Gómez, no están exentos ninguno de los otros partidos, ni los de más rancio abolengo ni los recién llegados a las citas con las urnas casi por primera vez. Estos últimos llegan con la vitola de la regeneración democrática pero reproducen los tics y el navajeo de aquellos partidos a los que están dispuestos a enseñar nuevas formas y comportamientos democráticos, ajenos a las viejas fórmulas de hacer política. Pero resulta que no es así.
Si se toma como ejemplo el peculiar escenario de Madrid en el que solamente UPyD tiene designados a los candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma y la alcaldía, el resto de partidos tienen sus listas mangas por hombro. En Ciudadanos ha causado malestar la postulación de la abogada Begoña Villacís al ayuntamiento. En este caso los responsables de la campaña apuestan más por el nombre de la marca que por quienes la van a representar, que son grandes desconocidos para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Podemos acaba de nacer y ya tiene su sector crítico que disputa la hegemonía a los oficialistas en Madrid, Andalucía y Aragón. Además de que se mueven en la indefinición en multitud ciudades con respecto a la fórmula en la que van a participar en las elecciones locales. Entretanto, en IU las aguas bajan agitadas porque tampoco saben muy bien cómo afrontar estas elecciones. En las autonómicas tienen claro que el partido de Pablo Iglesias es un adversario, con el que puede darse la paradoja de que vayan en coalición para ganar ayuntamientos. La deserción de Tania Sánchez ha venido a complicar el panorama porque ha causado una vía de agua en la organización que puede terminar por hundir sus expectativas electorales, sin que ni Cayo Lara ni Alberto Garzón acaben de ponerse de acuerdo sobre coaliciones o partidos instrumentales.
En el PP, el comité electoral ha comenzado por lo fácil, por la designación de candidatos autonómicos y locales sobre los que no hay duda acerca de su gestión, capacidad para volver a ganar y que están exentos de problemas judiciales que puedan derivar en su imputación. Pero, aquí y allá, surgen problemas políticos, como en el País Vasco, por la elección del candidato a la alcaldía de San Sebastián; o la imputación de Juan José Imbroda, por un supuesto delito de prevaricación por la contratación de un abogado, y que por tanto, siguiendo el código ético del PP no podría encabezar una lista cuyo primer puesto para Melilla tenía asegurado.
Y les queda lo más difícil, los candidatos en Madrid y Valencia, feudos que pueden perder, y que a quienes se postulan para repetir o como nuevos contendientes no les hace ninguna gracia la estrategia dilatoria de Rajoy, porque preferirían saber cuánto antes que va a ser de su vida política. Incluso temen que encuentre ahora mayor justificación para su ‘dedazo’ eliminatorio tras el golpe de autoridad de Pedro Sánchez.
