Opinión

Desahucios que no cesan

Con la evolución a la baja de los desahucios a lo largo del pasado año ocurre como con otras variables socioeconómicas que han experimentado una leve mejoría después de que a lo largo de los años duros de la crisis hubieran repuntado año tras año. Y si los desahucios han disminuido es porque ese ajuste ya se ha realizado con más intensidad a lo largo de los años precedentes, dado que los pasos previos al lanzamiento se inician con velocidad vertiginosa.

Sin necesidad de llegar al fatalismo de establecer que lo peor está por llegar, no es menos cierto que en el caso de los desahucios no se prevé que la situación vaya a mejorar si se tiene en cuenta que el nivel de paro sigue siendo superior al 25%, que son cada vez más los parados que pierden cualquier tipo de prestación, los hogares con todos sus miembros sin trabajo superan el millón, y que por tanto aumentan las ratios de pobreza a todos los niveles.

En 2013 tuvieron lugar 82.260 ejecuciones hipotecarias, un 9,8% menos que el año anterior, según el último informe del CGPJ, más de medio año después de que la ley que impulsó el Gobierno, tras el fallo del Tribunal Europeo de Justicia sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas que concedían los bancos, y de que las entidades financieras pusieran en marcha el Código de Buenas Prácticas. Ambas medidas ponen en evidencia los limitados efectos de ambas iniciativas. Una ley a la que solo pueden acogerse el diez por ciento de las personas que pretende defender, como poco es fallida cuando se trata de evitar un drama social de la envergadura de los desahucios, antesala de la exclusión social, porque las condiciones impuestas para poder acogerse a sus beneficios son muy restrictivas. Y sobre todo cuando según las previsiones del Gobierno, los beneficiados por la ley podrían llegar a ser unas 120.000 familias.

Se añade que las medidas paliativas como el alquiler social adolecen de los mismos problemas de dificultad de acceder a ellas porque el parque de viviendas vacías existentes no acaba de ponerse en el mercado de alquiler y no hay un número suficiente de viviendas sociales para paliar el problema de la vivienda. De hecho el Fondo Social de Vivienda que administra el Gobierno, que dispone de 5.900 pisos para desahuciados, solo ha adjudicado 630.

Tampoco ha funcionado de forma adecuada el proceso de reestructuración de dudas y las daciones en pago, si se tiene en cuenta que según los datos de los propios bancos se han producido 3.800 de las primeras y tan solo 1.300 de las segundas, de tal forma que los desahuciados mantienen la deuda y la hipoteca pesa como una losa para el resto de su vida, mientras los pisos pasan a engrosar sus balances y tratan de deshacerse de ellos bien vendiéndolos a fondos buitre o tratando de colocarlos mediante la concesión de hipotecas por el cien por cien de su valor, como en los años de la burbuja inmobiliaria, aunque es cierto que se ha producido un ajuste a la baja de los precios que según los expertos todavía no ha terminado y el importe de las hipotecas es la mitad que en aquellos años.

Como cada cual arrima el ascua a su sardina, los portavoces oficiales consideran adecuada la política del Ejecutivo. Los bancos van a lo suyo y la PAH hace valer la eficacia de la presión social para evitar los desahucios.

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