Opinión

¿Qué diálogo?

Es frecuente que los políticos caigan en los mismos errores que critican a sus adversarios. En las últimas semanas se han escuchado continuas recriminaciones por parte de los portavoces del PP a los dirigentes socialistas que preconizan una reforma de la Constitución en sentido federal y les piden que concreten su propuesta y el modelo que proponen, de tal forma que así se desentienden de una iniciativa en la que no están dispuestos a gastar mucho tiempo.

Pero el PP cae en la misma concepción de la política como un ejercicio retórico como si las palabras tuvieran efecto taumatúrgico. “Ley y diálogo, esa es la salida a la situación catalana”, dijo Rajoy el pasado fin de semana a sus cargos parlamentarios. Lo de la ley está claro porque ha sido el argumento recurrente del presidente del Gobierno basado en la primacía de la Constitución sobre cualquier otra pretensión. Pero cuando se habla de diálogo, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿sobre qué asuntos se va a dialogar?

De lo que no se va a negociar es de financiación autonómica. Lo expresó con meridiana claridad el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha dicho que este asunto no se abordará hasta que la crisis económica se haya dejado atrás, y por supuesto el pacto fiscal al estilo vasco no entra en las perspectivas del Gobierno. Por insolidario. Y para negociar las 23 propuestas con la que Artur Mas se presentó en la Moncloa relativas a la gobernación diaria no merecía la pena una tensión como la provocada con la convocatoria de un referéndum independentista.

También hace una apelación al diálogo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha colocado el horizonte de ese diálogo para el día siguiente del 9-N una vez que los catalanes hayan votado mayoritariamente sí-sí –por supuesto- y por tanto de lo que habría que hablar es del momento y condiciones de la independencia. Una posibilidad que ni los populares ni los socialistas se plantean. 

O sea, que ni financiación autonómica, ni reforma constitucional, ni por descontado, la independencia. Y sin embargo, de lo que no queda duda es que aceptado el imperio de la ley como valor supremo de la democracia, por encima de cualquier otra consideración por legítima que sea, el diálogo y las soluciones políticas se tienen que imponer sin salirse del marco constitucional, para insistir en una evidencia ya recogida en la Constitución, el reconocimiento de la diversidad dentro de la unidad, pero que a los dirigentes soberanistas catalanes les parece escaso botín para las fuerzas que han gastado y lo lejos que han llegado, después de haberse sentido atacados por el PP en todo el proceso pre y posestatutario.

Cuando queda un mes para el 9-N se van quemando las últimas etapas por ambas partes, a cada desafío se responde con un recurso y dentro de una semana el Govern catalán marcará el punto de no retorno, cuando Artur Mas, previsiblemente, se rinda a la evidencia y dé el cerrojazo, con todas las consecuencias, al referéndum independentista, y tenga que explicárselo a quienes le han empujado desde las instituciones y desde la calle a un callejón sin salida que él ha recorrido enfervorecido. 

Pero si no están claros los términos del diálogo que debiera abrirse sin la presión de las urnas, tampoco lo está la actitud con la que se enfrenten a él vencedores y vencidos.

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