Opinión

Dos semanas de vacaciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se tomara al menos dos semanas de vacaciones y se la concederá a todos los partidos políticos porque ha decidido que este tiempo es el que necesitan los socialistas para sistematizar y compendiar las aportaciones recibidas por los dos centenares de grupos sociales y económicos con lo que se ha reunido a lo largo de los últimos días para preparar un programa político progresista abierto con el que presentarse ante Unidas Podemos que podrá realizar sus aportaciones, y no empezar la casa por el tejado como en la anterior negociación de su apoyo para lograr la investidura cuando en la mayor parte del tiempo estuvieron hablando de cargos y de quien habría de ocuparlos. 

Con este retraso de dos semanas o tres, si las negociaciones comienzan en septiembre, se relativiza la pretendida urgencia de contar con un gobierno formal cuanto antes, un tiempo en el que han de empeñarse también desde los partidos llamados a ser “socios prioritarios” en recuperarse de la “desconfianza recíproca” en la que se encuentra la relación entre ambas fuerzas y a la que aludió Sánchez el miércoles pasado. El PSOE y el Gobierno parece que han dado el primer paso en esa dirección y la duda es si habrá tiempo para recomponer las relaciones, para que ambos partidos se pongan de acuerdo en la lectura y las consecuencias de los resultados electorales y cumplan con el deseo de la mayoría de los ciudadanos de que no se repitan elecciones generales y conformar un gobierno progresista con el apoyo de los nacionalistas vascos, que ya se lo cobrarán en efectivo.

Pero al dar cuenta del nuevo calendario, en el que se pueden llevar al límite los tiempos antes de que se produzca el fin de la legislatura y se convoquen nuevas elecciones -en este caso no se puede “parar el reloj” como en las negociaciones europeas-, ha introducido un factor que hasta ahora había considerado una línea roja, la negociación con los partidos independentistas catalanes que por arte de birlibirloque han vuelto a ser “nacionalistas” a pesar de que sus líderes están huidos o procesados por un intento de secesión y cuyos partidos están dispuestos a “volverlo a hacer”.

De hecho, en el anterior proceso de investidura fallida Pedro Sánchez no hizo ningún acercamiento a estos partidos y dejó las reuniones con ERC en manos de Adriana Lastra, y fue el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien le brindó gratis la abstención de su grupo si se alcanzaba el pacto progresista. La posición de ERC, a la que se suma EH Bildu, es clara y comprensible, prefieren un gobierno progresista a la posibilidad de que un tripartito de derechas vuelva a estar al frente del Gobierno de España, máxime cuando en el independentismo comienzan a aflorar divisiones sobre cómo abordar el futuro una vez que pase la tormenta que se desatará con la sentencia del “procés”.

Por lo pronto Sánchez ha levantado las suspicacias del PP y Ciudadanos -a los que sigue pidiendo que no bloqueen en contraprestación por la abstención del PSOE de la pasada legislatura, sin ningún éxito- y dar pábulo a posibles cesiones cuando él mismo, tras la visita al rey en Marivent, afirmó que la ciudadanía quería un gobierno progresista sin apoyos independentistas. Y lo repitió en varias ocasiones.

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