Opinión

El mal ya estaba hecho

El Tribunal Supremo ha casado la sentencia del “caso Noós” con una reducción de la sentencia al esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, de cinco meses, por lo que deberá cumplir 5 años y 10 meses de cárcel, que puede conllevar su ingreso en prisión de forma inminente, en un plazo máximo de quince días, después de que el tribunal sentenciador en primera instancia, la Audiencia Provincial de Palma, les comunique la sentencia para lo que le ha citado hoy mismo junto a su exsocio Diego Torres y al expresidente balear Jaume Matas. Lo previsible es que todos ellos recurran su sentencia ante el Tribunal Constitucional, pero esperarán en prisión la decisión del Alto Tribunal y por lo tanto aún queda un último paso judicial. La infanta Cristina ha visto rebajada la multa como responsable civil a título lucrativo de los delitos de su marido. Pero con sus declaraciones en el juicio, en las que mantenía su desconocimiento de las gestiones de Iñaki Urdangarin, abrió una línea de defensa que luego han seguido otras esposas inculpadas en los casos de corrupción de sus parejas.  

Con esta sentencia se pone punto y seguido a un caso que lleva más de doce años de instrucción y juicios pero que ha tenido sobre todo una incidencia determinante en la percepción de los españoles sobre una de sus principales instituciones, la Corona, y que está en buena medida en el fondo de la decisión del rey emérito de abdicar la Corona en su heredero Felipe VI.

El “factor humano”, la decisión de Iñaki Urdangarin de prosperar en los negocios, la falta de control en unos casos sobre su actividad y la utilización de su posición en otras hasta que comenzó la investigación judicial, está en el origen de una crisis institucional provocada por la presencia de una infanta de España en el banquillo, y en la que aún resuenan la palabras de Juan Carlos I en la Nochebuena de 2011 cuando dijo que “la Justicia es igual para todos”, para atajarla. Seis años y medio después de esas palabras, se concreta la sentencia y los aspectos técnicos sobre si es o no benévola, el papel desempeñado por la Fiscalía con respecto a la hermana del rey, los intereses espurios de la acción popular ejercida por Manos Limpias, pasan ahora a un segundo plano ante la evidencia de que Iñaki Urdangarin acabará en la cárcel. Habrá quien considere que la sentencia no es todo lo ejemplarizante que debiera. Pero tampoco se podrá reprochar que la justicia no ha actuado con la suficiente independencia.

A pesar de que la Corona ha ido marcando paulatinamente distancia con el matrimonio sentenciado, desde el comportamiento “poco ejemplar” con el que La Zarzuela calificó las andanzas de Urdangarin hasta la desposesión del ducado de Palma decidida por Felipe VI y la separación primero de las actividades públicas, y luego la exclusión de la Familia Real, el mal para la institución ya estaba hecho, acrecentado después por la decisión de la infanta Cristina de no renunciar a sus derechos dinásticos.   

El efecto positivo de la investigación, juicio y condena sobre Iñaki Urdangarin es que la Casa Real ha tomado buena nota y ha establecido un sistema de control y de transparencia en sus cuentas y actividades y un código de conducta para todos sus miembros y personas relacionadas que impida la repetición de hechos que puedan salpicar su prestigio.

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