Conocidas las condiciones de ERC para favorecer la investidura de Pedro Sánchez por la vía de la abstención, es el momento de que el PSOE explique cuáles son sus puntos de partida para dar paso a la mesa de negociación exigida por los independentistas catalanes para permitirle seguir en La Moncloa al frente de un gobierno progresista de coalición con Unidas Podemos y conocer así de forma pública cuál es el marco del diálogo entre los dos partidos.
Si no se produce un giro copernicano que sería inasumible incluso para sus dirigentes y militantes, el PSOE deberá reafirmar la posición que ha mantenido no solo durante la campaña electoral –aunque ya ha abdicado de algunas de sus promesas- sino desde que Sánchez se encuentra al frente del Gobierno, que el diálogo tendrá como límite el marco constitucional y la legalidad estatutaria. Es de esperar que eso sea lo que diga el equipo negociador socialista a sus interlocutores republicanos mañana jueves en la primera reunión prevista: mesa para dialogar, sí, pero sin romper las costuras constitucionales.
A lo largo de los últimos días ERC ha aumentado sus exigencias –las “cuatro patas” de Pere Aragonès- y aunque afirma que se trata de una posición de mínimos, lo es de máximos, a no ser que reconozcan que a una negociación se va a ceder. Por supuesto podrán dar cumplir con su exigencia de “hablar de todo”, del derecho de autodeterminación y de una amnistía para los políticos del “procés”. Pero del mismo modo deben aceptar que la primera premisa no la puede poner en almoneda ningún presidente del Gobierno de España sino hay previamente una reforma constitucional, de la que no se avizora posibilidad alguna, y que la situación de los presos depende de los jueces que les han condenado.
Tampoco es de recibo su pretensión de que se produzca una reunión entre gobierno en pie de igualdad, simplemente por una cuestión metodológica, no se trata de gobiernos “iguales”, sino que existe una situación de subordinación de uno a otro, y en cualquier caso existen mecanismos de coordinación y de encuentro que no necesitan la presencia de ningún relator internacional, sino que se enmarcan en la normalidad institucional, aunque los independentistas quieran darle un carácter excepcional.
A pesar de que los dirigentes de ERC se muestren crecidos, desafiantes e intransigentes, que quieran hacer leña de la debilidad parlamentaria del tándem Sánchez-Iglesias, saben también que un error de cálculo puede dar lugar a otras elecciones con un resultado mucho peor para sus intereses, donde el diálogo para resolver la crisis catalana quizá no llegara ni a plantearse. También lo sería que perdieran de vista que la apuesta independentista ha resultado un fiasco, que la Declaración Unilateral de Independencia apenas duró unos minutos, que las protestas por la sentencia del “procés” se han desinflado, que el Estado les ha infligido una derrota en toda regla, y que aún cuenta con instrumentos para controlar sus ansias soberanistas. Porque de la misma manera que la posición de ERC es la de exigir compromisos, de llegar a acuerdos en un determinado plazo, deben comprometerse a lo mismo, a defender las cesiones que realicen ante sus adversarios en el campo catalán, que están a la espera de sus tropiezos para restarles apoyos.
