El discurso pronunciado por el rey en la apertura solemne de la XIV Legislatura ha sido una muestra de que Felipe VI sabe defenderse solo frente a los ataques procedentes de los diputados de los grupos independentistas representados en el Congreso pero ausentes durante su intervención porque consideran que ellos ni tienen rey ni el monarca les representa, con lo que intentan acompasar sus deseos identitarios a una realidad que los desmiente. Una escucha atenta de sus palabras a la que ellos se han negado les habría servido para confirmar que el rey es sobre todo un rey constitucional marcando una línea divisoria clara con respecto al nombramiento de su padre, y de compromiso con la democracia, con la libertad y con la Constitución.
Los 45 diputados de los cinco partidos independentistas que no se sentaron en el hemiciclo como protesta contra el rey representan un 14% de la Cámara Baja y recibieron en las últimas elecciones generales apenas el 8'36% de los votos. Si a estos se sumaran todos los votantes de Unidas Podemos -sus ministros aplaudieron y sus diputados unos sí y otros no- y los del PNV habría que sumar otro 14% más de ciudadanos contrarios a la monarquía, lo que da idea de lo lejos que están estos partidos de concitar una masa crítica para hacer del modelo de Estado un asunto urgente cuando hay tantos problemas que resolver. Por no hablar del carácter “republicano” de la defensa que ha realizado el rey de los valores cívicos, del progreso social, de la diversidad de España como carácter consustancial a su unidad y del carácter incluyente de la Constitución.
La actitud de los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox al utilizar la presencia de la Familia Real en el Congreso para subrayar que quienes más critican al rey son los socios del Gobierno es una muestra de que tenían el mensaje preparado sin haber escuchado el llamamiento del monarca a preservar la concordia, el diálogo y la negociación -sin obviar el necesario control al Ejecutivo- y sobre todo no parece que vayan a tener mayor consideración, hacia su apelación de que “España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos”. Porque si de los independentistas catalanes no se puede esperar que vayan a bajar el diapasón de sus exigencias y menos en la campaña electoral iniciada, a los tres partidos de la derecha les correspondería no animar la crispación social.
A pesar de que a algunos portavoces les ha parecido que al discurso de Felipe VI le faltaba concreción sobre los retos que habrá que afrontar, el rey ha puesto el acento en la necesidad de trabajar por un futuro mejor para los proyectos de los ciudadanos y en la solidaridad con los más desfavorecidos. A nadie se le escapa que el discurso del rey está visado por La Moncloa, y por tanto no se puede poner en cuestión el respaldo que tiene por parte del Partido Socialista y ahora de forma vicaria por parte de Unidas Podemos, cuando existen corrientes interesadas en cuestionar el constitucionalismo del PSOE o en alertar acerca de una hipotética operación para acabar con el régimen del 78. Menos mal que durante las últimas campañas electorales fue Pablo Iglesias el mayor valedor de la Constitución que tenía como su libro de cabecera. Pero toda entera no solo los primeros artículos.
