Una serie reciente de hechos deben servir para que todas las alarmas se disparen en La Línea y Algeciras donde se concentran las mayores incautaciones de droga en nuestro país. Hace dos semanas una veintena de encapuchados irrumpieron en el Hospital de La Línea y se llevaron a un narco de uno de los clanes más conocidos que operan en la zona que estaba siendo custodiado por dos policías mientras era atendido de las lesiones producidas durante la detención. Días después se supo que la cura le había sido terminada de realizar en Marruecos. El pasado lunes, antes de que el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, visitara Cádiz, tres personas se llevaron de un depósito judicial una lancha con dos potentes motores fuera borda de las que utilizan en el Estrecho para el transporte de hachís. Y el mismo día un hombre a punto de ser arrestado encañonó a dos policías con una pistola y huyó.
Estas actuaciones mafiosas muestran la importación de unos procedimientos que antes no se habían visto por estos lugares y que muestran tanto un aumento de la violencia que emplean como de la sensación de impunidad con la que trabajan, debido a la cobertura que reciben en determinados barrios donde existe una gran implicación de sus vecinos en la logística del narcotráfico y que contribuyen a aumentar la inseguridad en todas la localidades afectadas por estas prácticas.
En definitiva, se ha producido un salto cualitativo en las operaciones de los mafiosos de las que los cuerpos policiales ya venían advirtiendo y que es preciso atajar a corto plazo por los procedimientos policiales adecuados, mediante el aumento de las plantillas que demandan los sindicatos, y que el Ministerio del Interior debe atender si no quiere que las escenas mencionadas y los enfrentamientos directos con los agentes se hagan más frecuentes, o que las mafias del narcotráfico gallego consoliden su sucursal en el Campo de Gibraltar, como pretendía Sito Miñanco, o que haya una desproporción entre los medios con los que operan los narcotraficantes y quienes han de impedir sus delitos.
El combate contra el narcotráfico pasaría por la aplicación de nuevas normas que prohíban la circulación de las narcolanchas y, por supuesto, el desiderátum sería la recuperación económica de la zona que proporcionara oportunidades a los jóvenes para que abandonaran esta forma fácil y arriesgada de conseguir ingresos, después de haber dejado de forma temprana la escuela.
La necesidad del aumento de plantillas policiales es acuciante dado que, como confirma el Ministerio del Interior, el 40% de toda la droga aprehendida en España se ha hecho en la provincia de Cádiz con incrementos de un 300% en cocaína y del 45% de hachís el pasado año, y 755 detenidos. No se trata por tanto de hacer una declaración de principios como hizo el ministro el pasado lunes en su visita a La Línea al señalar que “no va a estar dominada por los narcotraficantes”, sino que para frenar la escalada de violencia que conlleva la generalización del narcotráfico, el aumento de medio centenar de agentes no sea temporal en uno de los focos calientes del narcotráfico, donde es preciso que las medidas represivas tengan continuidad.
