Hace cinco años en su primer discurso ante las Cortes Generales recién proclamado rey, don Felipe manifestó su compromiso por hacer de España un lugar en el que cabemos todos. No ha tenido ni lo tiene fácil cumplir con su deseo. Ni desde el independentismo irredento que no pierde ocasión de realizar gestos de rechazo a la institución monárquica en su persona y en los símbolos, o desde una izquierda que parece alejada de los aspectos de la Constitución relacionados con la Corona, han logrado sin embargo que su gesto se descomponga o que haya dejado de cumplir con su función cuando la situación lo ha requerido en defensa de la legalidad constitucional, la misma que reconoce la unidad y la diversidad de España.
No lo ha tenido fácil en el tiempo transcurrido desde su proclamación porque ha tenido que hacer frente, desde su escasa posibilidad de intervención en la vida pública más allá de su función constitucional de mediación y arbitraje que ha llevado a cabo sin “borbonear”, a situaciones inéditas que ha resuelto de modo satisfactorio, en las que ha ayudado a demostrar tanto la fortaleza de las instituciones como el arsenal de respuestas constitucionales para hacer frente a todos los retos.
Felipe VI se comprometió a observar una conducta “integra, honesta y transparente", porque sólo así lograría ganarse el respeto de los ciudadanos y hacer despegar el prestigio de la Corona que había caído de forma considerable en el aprecio de los españoles, y así lo ha hecho. Las medidas para la regeneración de su Casa han dado sus frutos y se ha aislado de posibles contagios por actuaciones inapropiadas. Aquello que abordó también en su primer discurso, la necesidad de resolver los efectos de la crisis económica, ha marcado buena parte de sus discursos institucionales haciendo explícita su preocupación por los perdedores de una situación que no provocaron.
Lo que no tenía previsto Felipe VI era recibir la negativa por parte de un ganador de las elecciones generales, Mariano Rajoy, a presentarse a una sesión de investidura y forzar la celebración de nuevos comicios, con la crisis que entrañaba la novedad y las dudas que generaba en la capacidad de la clase política para resolver problemas en lugar de crearlos.
Luego llegó el 3-O de 2017. El rey, que había hecho de la defensa de la Constitución su santo y seña denunció como de una forma reiterada, consciente y deliberada” se habían vulnerado las leyes y como habían fracturado y enfrentado a la sociedad catalana, una evidencia que solo desde posiciones claramente antimonárquicas motivó críticas a su intervención en defensa de la unidad de España. ¿Acaso el presidente de una república habría actuado de otro forma ante el desafío secesionista?
Pero tan importante como los compromisos constitucionales demostrados es lo que le queda por hacer en los próximos años para mantener y aumentar el crédito de una institución que recibió deteriorado y que debe entregar en las mejores condiciones posibles a su sucesora, la princesa Leonor, para evitar que el debate sobre la utilidad de la Corona se instale en la sociedad española. Felipe VI no ha contado con la complicidad en la protección que tuvo su padre porque son otros tiempos y otras circunstancias con una sociedad española que vive en una democracia sólida y avanzada, donde los controles son inapelables.
