Una de las constantes en la vida política española es que a quien está en el Gobierno se le acaba comiendo el tigre. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha convocado a los líderes de los principales partidos políticos para anunciarles que actuará con moderación y proporcionalidad ante los disturbios que se propagan por Cataluña, pero que lo hará con firmeza si la situación se les va de la mano –todavía más- a las fuerza de seguridad encargadas del mantenimiento de la seguridad ciudadana. Cuando el Gobierno en funciones se vea obligado –si llega el caso- a activar alguna de las medidas dispuestas en el ordenamiento legal para intervenir en las instituciones, le lloverán las críticas de unos y otros, por no haberlo hecho antes, o de hacerlo por electoralismo, porque los primeros “tracking” tras la sentencia y los disturbios consolidan el estancamiento del PSOE o apuntan a un descenso de la intención de votos por debajo del porcentaje conseguido el 28-A
Es decir, inacción, ineficacia, o pago por los servicios prestados en la moción de censura o para conseguir su abstención, o manejo de los tiempos de forma que beneficien a quien tiene en sus manos la adopción de las medidas que pueden tratar de restaurar el orden público en las calles de Cataluña.
Entretanto el apoyo de los partidos de la oposición de derechas ha sido condicionado. No incondicional cuando se trata de respaldar al Gobierno en un asunto capital, que concierne a la gobernabilidad, y en el que el Ejecutivo es quien tiene que marcar las pautas, y el resto de partidos “de orden” situarse en fila india tras él. Lo que ahora les parece poco luego será jugar con ventaja, porque les siega la hierba bajo los pies dado que su principal argumento es siempre el uso de la fuerza, física o legal, para solucionar cualquier problema.
Cuando hoy confluyan en Barcelona las columnas guiadas por los CDR y la huelga general convocada en protesta por la sentencia, será el momento clave de todos estos días de altercados, ocupaciones ilegales de infraestructuras, barricadas y desmanes.
Si las llamadas a la recuperación del espíritu de la no violencia realizadas por los propios presos condenados por sedición, y con la boca pequeña por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no surten efecto, será cuando Pedro Sánchez tendrá que actuar de forma contundente. Y todos los partidos conservadores se apuntarán el tanto con un “ya los decíamos nosotros” o “se ha actuado tarde”, a pesar de que la coordinación de los cuerpos policiales autonómicos y estatales ha funcionado de forma adecuada. Siempre se quedarán por debajo de Vox, partidario de la proclamación del estado de excepción con la supresión de derechos fundamentales mientras dure su aplicación.
Eso en cuanto a la restauración del orden público cuya alteración se deja sentir sobre la actividad económica catalana, con perjuicios importantes para su propia imagen. En cuanto a la acción política, el presidente catalán sigue inasequible al desaliento, con soflamas y desafíos simbólicos en el pleno del Parlament catalán de ayer, retando al Tribunal Constitucional con la promesa de un nuevo ejercicio del supuesto derecho de autodeterminación antes de que acabe la legislatura catalana y con la amenaza de unas nuevas elecciones plebiscitarias, pero sin dar el paso de firmar una ley o un proyecto con fuerza jurídica.
