Tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de las enmiendas que cambiarían las dos leyes orgánicas por las que se rigen esa institución y el CGPJ para facilitar la renovación del tribunal de garantías, el Gobierno y la posición han entrado en una fase de maniobras jurídico políticas para conseguir cada uno sus objetivos: el Gobierno, que se produzca los cambios de acuerdo a las mayorías parlamentarias actuales, y el PP, para que no se produzca ese cambio que daría un vuelco a su composición, en la que predominarían los vocales progresistas.
Al “plan B” del Gobierno, que es avanzar en la renovación mediante una proposición de ley que evitaría la consulta a los órganos afectados pero que impediría al TC cercenar su tramitación, el PP tratará de oponer otra medida legal para retrasar lo que parece inevitable, que se produzca la renovación sin haber llegado al consenso porque el órgano de gobierno de los jueces mantiene sus prácticas de filibusterismo que no hacen sino demostrar su decisión de obstruir el cambio. Y así andan políticos, vocales y magistrados, jugando al ratón y al gato para ver quién en es capaz de cumplir con sus propósitos, mientras todos se dejan pelos en la gatera sin importarles el prestigio de las instituciones que dicen querer preservar. Pero no se debe olvidar que el origen de esta situación se encuentra en la decisión del PP de impedir desde hace cuatro años la renovación del CGPJ.
En esta situación, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tendido la mano a Pedro Sánchez para que se vuelvan a recomponer los consensos del 78 a la hora de afrontar la situación de la Justicia. Una actitud loable si no fuera acompañada de demandas y condicionamientos que hacen imposible el acuerdo. Es lo mismo que hacía Pablo Casado, ofrecer pactos en los que su propuesta era el cumplimiento de su programa electoral que había sido rechazado en las urnas. Feijóo, cuando llegue a la Moncloa, tendrá oportunidad de revertir las leyes del Gobierno de coalición que no le gustan, e incluso puede utilizar su ofrecimiento como argumento electoral para tratar de acercar a su candidatura los apoyos de votantes socialistas desencantados o templados, pero se equivoca si pretende hacer pasar a los demás por las horcas caudinas de sus propuestas con las que trata de perpetuar su posición, poniendo nuevas condiciones para pactar la renovación del CGPJ.
Sobre la renovación del TC, y sottovoce, interviene Bruselas pidiendo que para cualquier reforma de los órganos judiciales se consulte con los afectados, y que todos los actores cumplan las normas, pero los populares siempre consideran que Bruselas les apoya pese a la insistencia de las autoridades europeas de que lo primero que hay que hacer es proceder a la renovación del CGPJ.
Y en el juego de las decisiones maquiavélicas, el sector conservador del CGPJ dio el martes otra prueba irrefutable de sus intenciones. No solo por la desfachatez de intentar la recusación de la vocal progresista Clara Martínez de Careaga, esposa del magistrado del TC, Cándido Conde Pumpido -después de la negativa a apartarse de los dos magistrados del TC que han de ser renovados- y, a la espera de que se produjera un “tamayazo” que permitiera la designación de los dos candidatos del sector conservador. Las prisas que les entró por designar a los dos magistrados del TC que le corresponden han quedado adormecidas.
