El Gobierno en funciones recibe en estos días buenas noticias desde el campo económico. El paro registrado, que se encuentra muy poco por encima de los tres millones, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social que ha llegado al borde de su máximo histórico con 19,5 millones de empleados, y la decisión de Bruselas de sacar a España del procedimiento de déficit excesivo después de diez años de vigilancia europea estricta, son motivo de optimismo aunque no oculten los problemas estructurales del mercado de trabajo y de la situación económica.
Ahora bien, son datos y registros que deben contribuir a despejar dudas y a pensar que cada vez más se superan los efectos de la crisis económica y que la economía española mantiene un ritmo de crecimiento superior a la media europea y también en la creación de empleo a pesar de los nubarrones que se ciernen en el horizonte, esta vez sin lugar a dudas producto de la coyuntura internacional, sin el agravante, de momento, de una burbuja inmobiliaria nacional.
La política desarrollada por el Gobierno socialista a lo largo del último año y a pesar de no contar con unos Presupuestos Generales del Estado propios -habrá quien señale que ha sido esa la causa de que no se haya producido un derrumbe- no ha sido un lastre para el incremento del PIB y ni tan siquiera la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 22% hasta llegar a los 900 euros ha sido una cortapisa para la creación de empleo, en contra del vaticinio del Banco de España.
El Gobierno en funciones, a la vista de los datos del paro registrado, pidió al Banco de España que reconociera su "error" acerca de los efectos perniciosos de esa subida que explicó su gobernador, Pablo Hernández de Cos, que mantiene la inveterada costumbre de quienes ocupan su puesto de atribuir a las rigideces del mercado laboral todos los males de la economía nacional, mientras a veces se distraen de su ocupación de vigilar el sistema financiero para que no ocurran episodios como los vividos durante la crisis.
Puede que no le falte razón al gobernador del Banco de España si se tiene en cuenta que en un informe de Comisiones Obreras publicado ayer se pone de manifiesto que son centenares de miles los trabajadores que no se benefician de esa subida, porque los empresarios recurren a incrementos de jornadas, o suman pluses y complementos al salario base para devaluar el SMI. Pero nunca se ha escuchado a un gobernador del banco de España llamar la atención sobre estas prácticas ilegales de los empresarios –menos a la CEOE- reticentes a cumplir con normas que benefician a los trabajadores como el control de horarios. Por el contrario no se cansan de proclamar que son de los que soportan mayores cargas sociales dentro de Europa, sin tener en cuenta que la presión fiscal sobre las empresas está por debajo de la media europea, y que los salarios de los trabajadores españoles tampoco alcanzan a los de los países más desarrollados.
Tampoco el Gobierno lo habrá hecho tan mal cuando Bruselas ha decidido sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, tras haberlo reducido hasta el 2,5% del PIB, aunque permanecerá vigilante y exige un recorte del gasto en 7.800 millones que el próximo Ejecutivo tendrá que hacer compatible con sus promesas electorales y con las exigencias de sus socios.
