Podemos comienza a tener que hacer frente a problemas judiciales importantes similares a los que ha pasado el Partido Popular relacionados con las campañas electorales y los sobresueldos que han podido recibir "sobrecogedores" de la dirección del partido y, en definitiva, porque haya habido una caja b en la administración del partido, asuntos que investiga un juzgado de instrucción de Madrid tras la denuncia de un abogado despedido de la formación y que se encuentra detrás de este y del "caso Dina" que también incumbe directamente a Pablo Iglesias.
Hasta ahora todas las denuncias por financiación ilegal que se han presentado contra Podemos han sido archivadas, porque la vinculación que se pretendía demostrar con países extranjeros, Venezuela o Irán, no llegaron a ningún puerto. Pero en esta ocasión la cuestión es diferente: no hay que buscar en países caribeños ni en desiertos lejanos, sino en la sede del partido y serán llamados a declarar dirigentes políticos que están a pie de obra.
Los dirigentes de Podemos no han podido sustraerse a utilizar el mismo argumento que utilizó Mariano Rajoy en el "caso Gürtel" que a la postre acabo separándole del Gobierno, que no se trataba de "un caso del PP, sino un caso contra el PP". Cómo terminó el asunto es de sobra conocido y está en el origen de la presencia de la formación de Pablo Iglesias en el Gobierno.
Por supuesto que en el plano judicial es preciso aplicar la presunción de inocencia de los implicados y abrir paréntesis sobre las consecuencias de las presuntas actividades ilícitas. Pero las responsabilidades políticas es otro cantar y en ese aspecto, el nivel de exigencia tiene colocado el listón muy alto, entre otros motivos porque los partidos de la nueva política llegaron con el zurrón lleno de espíritu regenerador y por eso es preciso exigir a Pablo Iglesias y a sus dirigentes la misma ejemplaridad en el ejercicio de su función que ellos pidieron a los partidos del "régimen del 78". La misma vara de medir que utilizó con tan poca flexibilidad con sus adversarios políticos es la misma que ahora debe aplicar en su formación y, si llega el caso, consigo mismo.
Si Podemos no actúa con diligencia, todas sus recomendaciones a los demás sobre ejemplaridad quedarán en nada, aun a riesgo de tener que sacrificar peones que quizá posteriormente queden absueltos, como también ha ocurrido en supuestos casos de corrupción en los que se vieron implicados dirigentes populares, porque la alternativa es que toda su acción política acabe oscurecida por la sombra de la corrupción, y el propio Pablo Iglesias caiga en la caricatura de negar que conocía lo que pasaba en su partido sin haber concedido ese beneficio de la duda a sus adversarios. Su margen de maniobra durará hasta que se produzcan las primeras imputaciones, si llegan a formalizarse, lo que es bastante probable.
Los problemas judiciales del partido de Pablo Iglesias no son solo de Podemos sino que, de una forma u otra, afectan al Gobierno de coalición en su conjunto. Porque va a estar sometido a la presión de la oposición que no desperdiciará la ocasión para resarcirse de los ataques recibidos en situaciones similares y buscará la salida de Pablo Iglesias y de sus ministros del Ejecutivo, lo que abocaría a seguir sin presupuestos para hacer frente a una delicadísima situación y a unas elecciones anticipadas, salvo un rasgo de generosidad y responsabilidad política de Podemos, porque la gran coalición ni está ni se la espera.
